El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

Como informa Europa Press, el objeto de esta ley es garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

La Ley empieza diciendo que «La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos» e incluyendo en el primer párrafo la importancia de hacerlo desde la prevención. Este imperativo por desgracia no se está respetando en ningún país del mundo, la violencia que sufre la infancia es un problema a nivel mundial.  Por violencia se entienden acciones como el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluida la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar, pero también se incluye la omisión o trato negligente que les priva de sus derechos o bienestar. 

Esta ley es un paso importante puesto que busca la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, el establecimiento de medidas de prevención efectivas y la detección precoz de la violencia a través de la formación interdisciplinar. El papel de toda la ciudadanía cobra un lugar relevante, no como testigos pasivos, sino como testigos activos o lo que se conoce como upstander a nivel internacional. 

Todas y todos, adultos y menores, podemos estar atentos a indicios sobre una situación de violencia que pueda estar viviendo un menor para comunicarlo de forma inmediata a las autoridades competentes, convirtiéndonos en aliados de la infancia y en personas que podemos prevenir y frenar la violencia que sufren lo antes posible. Las escuelas tienen un papel clave y el capítulo IV está dedicado a las medidas de prevención y detección precoz en los centros educativos. Ya hay muchas escuelas que aplican las evidencias científicas y están trabajando en esta línea impulsando el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y el club de valientes donde la prevención, el posicionamiento activo y las redes de apoyo están logrando disminuir la violencia y contribuyendo a alcanzar este derecho fundamental de la infancia. Tener “los ojos abiertos” como ya están haciendo alumnos valientes de un centro de educación especial, es un primer paso, sencillo pero fundamental, que puede ayudar a mejorar el futuro de las niñas y los niños. 

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