ONU Mujeres presenta el lema de los 16 días de activismo del 2026.
La campaña reclama sistemas judiciales capaces de escuchar y proteger a quienes denuncian, investigar todas las formas de violencia y exigir responsabilidades efectivas
ONU Mujeres ha anunciado el lema de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género de 2026: «Garantizar justicia. Proteger a las supervivientes. Poner fin a la impunidad». La movilización se desarrollará del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
La campaña internacional sitúa el acceso a la justicia en el centro de la respuesta frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. El llamamiento llega en un contexto de importantes desigualdades. Según ONU Mujeres, en cerca del 70 % de los países examinados las mujeres encuentran más obstáculos que los hombres para acceder a la justicia. La existencia formal de leyes no resulta suficiente si estas carecen de presupuesto, personal especializado, mecanismos de seguimiento y una aplicación efectiv
¿Cómo garantizar sistemas de justicia verdaderamente justos?
Los estándares promovidos por ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apuntan hacia sistemas de justicia centrados en los derechos, la seguridad, la dignidad y las necesidades de las supervivientes.
Esto requiere facilitar asistencia jurídica accesible; adoptar medidas de protección oportunas; establecer procedimientos que eviten la victimización secundaria; y garantizar privacidad, información comprensible y acompañamiento durante todo el proceso. ONU Mujeres también recomienda institucionalizar una formación obligatoria, continuada y especializada en violencia de género para policías, fiscalías, judicatura y profesionales de la asistencia jurídica.
El sistema debe desarrollar investigaciones diligentes e imparciales, libres de estereotipos de género y capaces de examinar el contexto en el que se produce la violencia. El manual de UNODC dirigido a la judicatura advierte de que los estereotipos sobre el comportamiento o la credibilidad de las mujeres pueden condicionar la valoración de los hechos y perjudicar el acceso efectivo a la justicia.
También resulta fundamental la coordinación entre policía, fiscalía, órganos judiciales y servicios sanitarios, sociales y especializados. El Programa Mundial de Servicios Esenciales de Naciones Unidas promueve precisamente una respuesta coordinada y multisectorial para proporcionar a las supervivientes atención sanitaria, servicios sociales, protección policial y acceso a la justicia.
La justicia debe ofrecer, además, una reparación adecuada, efectiva y rápida, proporcional a la gravedad de la vulneración y al daño sufrido. Los principios de Naciones Unidas sobre el derecho a obtener reparación establecen que esta puede incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Desde una perspectiva de rendición de cuentas basada en impacto verificable, ello debería implicar también evaluar si las medidas adoptadas han conseguido proteger efectivamente a las supervivientes, impedir nuevas agresiones, reparar el daño y garantizar el cumplimiento de las resoluciones. Poner fin a la impunidad no puede limitarse a contabilizar denuncias, procedimientos o sentencias, sino que requiere comprobar los efectos reales del sistema de justicia sobre la seguridad y los derechos de las mujeres.
La clave proteger jurídicamente también a quienes apoyan
El marco abierto por la campaña permite plantear una reflexión adicional sobre la violencia de género aisladora, reconocida en la legislación catalana como «violencia de segundo orden». La Ley 17/2020, de modificación de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, la define como la violencia física o psicológica, las represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas que apoyan a las víctimas. La norma también reconoce que estas actuaciones pueden impedir la prevención, detección, atención y recuperación de las mujeres en situación de violencia machista.
Las personas que acompañan a las víctimas pueden sufrir ataques y represalias precisamente por prestarles apoyo. Cuando, además, desarrollan una labor de defensa de los derechos humanos, resultan aplicables los estándares internacionales de protección. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos establece que los Estados deben proteger a quienes promueven y defienden legítimamente los derechos humanos frente a la violencia, las amenazas, las represalias, la discriminación, la presión y otras actuaciones arbitrarias. La propia ONU ha advertido de que las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas afrontan formas crecientes de reacción y hostilidad que pueden perjudicar su trabajo y reducir el espacio disponible para defender los derechos de las mujeres.
Esta protección debe alcanzar también el entorno digital. ONU Mujeres identifica el acoso coordinado y la desinformación de género entre las formas de violencia facilitada por la tecnología y advierte de que estas prácticas pueden emplearse para intimidar y expulsar a las mujeres de los espacios públicos.
Por ello, resulta necesario reforzar la capacidad de las unidades especializadas para investigar la violencia digital, preservar las pruebas electrónicas y detectar posibles patrones de actuación coordinada. El Consejo de Europa, en una iniciativa copatrocinada por ONU Mujeres, señala que una respuesta policial proactiva y con perspectiva de género puede mejorar la identificación e investigación de estas violencias, preservar mejor las pruebas electrónicas, evitar la victimización secundaria y reforzar la coordinación entre organismos.
La reiteración de contenidos falsos, el hostigamiento continuado desde distintas cuentas o plataformas y los ataques dirigidos simultáneamente contra víctimas y personas de apoyo no deberían examinarse automáticamente como incidentes inconexos. Cuando existan indicios objetivos de coordinación, el sistema judicial debería analizar el patrón completo, determinar responsabilidades y adoptar medidas proporcionadas, respetando en todo momento las garantías procesales.
Proteger a las supervivientes exige también impedir que las represalias contra sus redes de apoyo las dejen aisladas. Acabar con la impunidad requiere investigar tanto la violencia sufrida por las víctimas como, cuando corresponda, las actuaciones dirigidas a intimidar, desacreditar o perseguir a quienes se sitúan a su lado. Incorporar esta perspectiva permitiría avanzar hacia el propósito central de la campaña: garantizar una justicia que proteja de manera efectiva, repare el daño y evite que la violencia pueda repetirse.
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Equipo de redacción