Hace unos meses se publicaba en el BOE la Ley Órganica 8/2021 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, una buena noticia para los menores que necesitan la máxima protección legal pero no debemos olvidar que también necesitan protección social y comunitaria. Por desgracia, los casos de abusos sexuales, en gran parte producidos por agresores conocidos, continúan sucediendo.
El lunes pasado, el padre de Yeremi Vargas fue detenido por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años y, quedando en libertad con orden de alejamiento, ha vuelto a ser arrestado por el supuesto abuso sexual a otra menor de la misma edad, hija de una expareja.
En Hondarribia, un vecino y monitor de surf de 37 años, ha sido detenido como presunto autor de al menos 6 delitos de abuso sexual cometidos a menores de edad.
Según la Comisión Europea, se estima que la violencia sexual en Europa afecta a 1 de cada 5 menores y que entre el 70% y el 85% de las niñas y niños conocen a sus agresores. Tal como nos muestran los datos, la mayoría de menores son víctimas de personas de “confianza”. También se estima que 1 de cada 3 no lo van a contar.
Es importante conocer las evidencias al respecto para poder acabar con esta lacra social y ofrecer espacios e interacciones seguras a las y los menores, sin exponerles a sufrir violencia sexual y, en el caso de sufrirla, que cuenten con una red de apoyo que les permita convertirse en supervivientes. Para ello hay que acabar con la difusión de bulos como que solo la ejercen personas de clase social baja o sin estudios o que son personas extrañas. Los casos de Canarias y de Hondarribia muestran que la cultura o la clase social no es la que determina ser un agresor o no. Las evidencias nos dan claves que podemos compartir con nuestras hijas e hijos, familiares, vecinos o comunidades educativas. Para ayudar a romper el silencio es muy importante las respuestas del entorno. Es necesario creer a las víctimas, generar un entorno de confianza y de apoyo y evitar juzgarlas. Los entornos comunitarios seguros pueden encontrarse en los centros educativos, en este sentido es clave que el profesorado y las comunidades educativas consulten y se formen en evidencias científicas. En el deporte son las entidades las que pueden jugar un papel clave elaborando y poniendo en marcha protocolos claros donde el rechazo y el posicionamiento ante las agresiones sexuales sea radical.
Prevenir futuros casos para que no vuelva a haber ninguna víctima de abuso sexual es un objetivo que debemos tener como sociedad. Todas las personas, si nos lo proponemos, podemos contribuir a que los espacios en los que estamos, sean más seguros, tejiendo relaciones de calidad y solidarias que protejan a todas las personas, en especial a las menores y, a la vez rechazando totalmente a las personas que abusan de otras.
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