Recientemente se ha publicado el informe anual sobre el Estado de la Población Mundial: Mi cuerpo me pertenece. Reclamar el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, elaborado por la División de Comunicaciones y Alianzas Estratégicas del Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Este informe es el primero que realiza la ONU centrado en la autonomía corporal y tiene como objetivo resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres y las niñas sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas. Desde la organización se ha puesto énfasis en que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones y perjuicios para las mujeres y las niñas a nivel personal y también social. 

Algunos de los datos más alarmantes que señala el informe son los siguientes:

  • Solo el 55% de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a mantener relaciones sexuales
  • Únicamente el 71% de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales
  • Solamente el 75% de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción
  • Sólo alrededor del 56% de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.
  • Veinte países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador
  • Cuarenta y tres países no cuentan con legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja.
  • Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto

El análisis presentado en el informe mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia a nivel político-legislativo. Aporta una clave clara: la educación es vital para las mujeres, ya que a mayor educación, mayor control sobre sus cuerpos.  Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos. Asimismo, según el estudio, las soluciones posibles tendrán que considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas. 

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