Ahora que, a causa del cierre de escuelas y espacios de trabajo, la mayoría de la ciudadanía está trabajando o estudiando desde casa, la brecha entre quienes tienen una buena conexión a Internet y los que no, se hace más visible. Según Susan Crawford, profesora de la Escuela de Derecho de Harvard, contó a The New York Times, en EE.UU., el sistema de Internet no funciona bien; es necesaria la intervención del gobierno para financiar y revisar la conectividad de toda la ciudadanía.
Se estima que 157 millones de personas que viven en EE.UU. no tienen acceso a un Internet rápido, especialmente en áreas rurales. Así, muchas personas se están quedando atrás, bien porque no se pueden permitir pagar una conexión más rápida o porque en sus zonas no hay opción de tener una conectividad suficientemente potente.
La base del problema, en opinión de Susan Crawford, es que grandes compañías controlan los conductos de Internet y cobran por acceder a ellas; por tanto, no tienen incentivo para construir Internet asequible en todos los lugares. Es por eso que propone que los conductos de Internet se traten como bienes públicos y que los gobiernos federales, ONGs u otras organizaciones puedan recibir ayudas para crear conectividad asequible a Internet.
Según Crawford, se trata de un asunto crucial: los temas importantes como el acceso a la educación, energía renovable, el sistema de salud y nuevas tecnologías dependen de que haya redes de Internet de alta calidad en todos los lugares y para todas las personas.
PhD de la Universidad de Wisconsin-Madison