El pasado lunes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo retiraba la patria potestad a un hombre que hace dos años trató de asesinar a su esposa delante de los hijos de ambos.
Según los hechos probados en la sentencia, la mujer llevaba varios días siendo amenazada a través del móvil y, precisamente, el intento de homicidio ocurrió cuando tuvo que llevar a sus hijos con su padre para cumplir con el régimen de visitas.
Aunque la mujer trató de protegerse quedándose en el coche, el agresor logró atacarla. En ese momento fue vital la actuación de un hombre que, al percatarse de la situación, consiguió separar al agresor de la mujer. Incluso después, el agresor continuaba repitiendo amenazas contra la vida de la mujer delante de sus dos hijos.
Ante este caso, el Tribunal Supremo ha decretado la retirada de la custodia debido a la extrema gravedad de los hechos, y plantea una de las cuestiones que varios movimientos y personas en defensa de las mujeres y de la infancia llevan haciendo hace tiempo: no es posible mantener la patria potestad en un contexto de agresividad grave que pueda comprometer a los menores.
Así, este hecho ha vuelto a abrir el debate de si un maltratador puede, o no, ser un buen padre, y, por tanto, si la retirada de la patria potestad tendría que ser automática o revisarse cada caso de manera individual.
Si nos remitimos a los hechos, cabe preguntarse: cómo una persona puede estar capacitada para el cuidado de un menor cuando les está obligando a vivir una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir un ser humano, tal y como se ha planteado en el caso que protagoniza este artículo.
En los últimos meses hemos conocido varios casos en los que el sistema ha fallado en la protección efectiva de las víctimas de la violencia machista y estos fallos tienen como consecuencia el sufrimiento, y, en las ocasiones más graves, la pérdida de la vida de mujeres, niños y niñas.
Es urgente, así las evidencias lo señalan y los movimientos sociales lo vienen reclamando desde hace años, que se implementen medidas que prioricen la protección de los y las menores, y así puedan vivir la vida libre de violencia a la que todas las personas tienen derecho.
