El Reino Unido se encuentra en un momento crucial en la lucha contra la violencia de género en el ámbito digital. La inminente aprobación de una ley que criminaliza la creación y distribución de imágenes íntimas falsificadas mediante inteligencia artificial (IA) conocidas como deep fakes, ha sido recibida como un avance significativo y muy esperado por la comunidad activista en la protección de las mujeres y niñas frente a todas estas formas de violencia y abuso emergentes.
Esta legislación responde a un incremento alarmante en el uso de deep fakes para acosar, difamar o extorsionar a personas siendo las mujeres y niñas las principales víctimas. Según informan las organizaciones pro-derechos estos contenidos no consensuados generan consecuencias devastadoras para la vida personal y profesional de las afectadas.
Actualmente la legislación británica establece sanciones específicas para quienes creen o distribuyan estas imágenes sin consentimiento, buscando, además de desalentar estas conductas, enviar un mensaje claro sobre el respeto a la privacidad y la integridad en línea, marcando un precedente para otros países.
En este sentido, organizaciones como End Violence Against Women Coalition han luchado por el desarrollo de esta Ley a través de su campaña Image-Based Abuse Bill en la que exigía algunos aspectos como que contemple la criminalización integral y que incluya, además de la creación de deep fakes, la penalización de la distribución y las amenazas de compartir imágenes íntimas sin consentimiento; medidas específicas de protección y apoyo a mujeres y niñas afectadas; educación y prevención a través de programas de concienciación y acceso a la justicia y el derecho a la reparación a través de mecanismos ágiles y accesibles para que las víctimas puedan buscar ayuda.
Aunque la propuesta incorpora varios de estos puntos aún queda por ver cómo se implementarán las demandas relacionadas con el acceso a la justicia y la prevención desde la educación. No obstante, el Reino Unido es uno de los países que encabezan la protección frente a los abusos tecnológicos. Los avances del país anglosajón en este ámbito pueden resultar muy inspiradores para otros países que buscan adaptar sus marcos legales a los desafíos del entorno digital contemporáneo.
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