El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia abrir un expediente disciplinario al juez Adolfo Carretero, tras recibir 900 quejas ciudadanas sobre su actuación durante la declaración de Elisa Mouliaá. La actriz denunció en octubre al político Íñigo Errejón por violencia sexual, y el juez fue señalado por preguntas calificadas como revictimizantes, como: “¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle ahora le denuncia?”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto social como profesional. Pero no tan solo el tipo de preguntas, sino también el tono con que se dirigía a Elisa Mouliaá, con tanto solo esa actuación, la acción disciplinaria debería ser inmediata.
El CGPJ ha iniciado una diligencia informativa, un trámite previo para analizar si hay indicios suficientes que justifiquen abrir un expediente disciplinario. Este proceso evaluará si la actuación del juez vulneró el estatuto de la víctima, que exige trato digno y respetuoso. La responsabilidad de quien deba emitir la decisión debería estar acorde a lo que 900 personas han denunciado tras filtrarse el video, una actuación absolutamente fuera de lo que requiere un juez o jueza que aplique los criterios profesionales y deontológicos. Y esto es posible por avances en comprender lo que implica el consentimiento y los actos comunicativos.
Por eso, magistradas especializadas han criticado la actuación de Carretero. Cira García, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Getafe, destacó la falta de formación del juez y el uso de estereotipos sexistas en el interrogatorio. Isabel Tobeña, del Juzgado de Instrucción n.º 13 de Málaga, señaló que proteger a la víctima no contradice la presunción de inocencia, calificando como mala praxis las elucubraciones del magistrado.
El Promotor de Acción Disciplinaria será quien decida si se abre el expediente, lo que podría derivar en sanciones como suspensión de empleo o traslado forzoso. Este caso, impulsado por la presión ciudadana subraya la importancia de garantizar un trato justo y respetuoso para las víctimas, evitando que sean revictimizadas durante los procesos judiciales. La resolución sentará un precedente en la gestión de denuncias de violencia de género, y esperemos que sean las indicadas por los criterios científicos internacionales.
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