La publicación generalizada de imágenes sexuales en internet de mujeres y niñas sin su consentimiento está teniendo en Corea del Sur un impacto devastador en las víctimas. Human Rights Watch apunta que el gobierno debería hacer más para prevenir y responder a estos delitos sexuales digitales.
La reciente publicación del informe “Mi vida no es tu pornografía: delitos sexuales digitales en Corea del Sur” evidencia que, a pesar de las reformas legales, las mujeres y niñas son blanco de delitos sexuales digitales y enfrentan grandes dificultades para tener éxito en causas penales y recursos civiles, en parte debido a la arraigada inequidad de género. Los delitos sexuales digitales son delitos que involucran imágenes digitales, casi siempre de mujeres y niñas, que se capturan sin el consentimiento de la víctima, se comparten sin consentimiento o, a veces, se manipulan o falsifican.
En 2008, menos del 4 por ciento de los enjuiciamientos por delitos sexuales en Corea del Sur involucraron filmaciones ilegales. Para 2017, el número de estos casos se había multiplicado por once, de 585 casos a 6.615, y constituía el 20 por ciento de los enjuiciamientos por delitos sexuales. Gran parte de la atención pública a los delitos sexuales digitales fue impulsada inicialmente por el uso de cámaras diminutas (“cámaras espía”) para grabar de forma encubierta imágenes en lugares como baños, vestuarios y hoteles. Además, quienes colocan las cámaras a veces ganan dinero vendiendo las imágenes.
Las mujeres y niñas se enfrentan a importantes obstáculos judiciales. La policía a menudo se niega a aceptar sus quejas y se comporta de manera abusiva, minimizando el daño, culpándolas, tratando las imágenes con insensibilidad y desarrollando interrogatorios inapropiados. Los recursos civiles, como una orden judicial que obligue a la parte culpable a eliminar imágenes o a pagar daños y perjuicios a una víctima, no son fáciles de conseguir. Cuando se presenta una demanda civil sobre la base de hechos que también son objeto de un proceso penal, es una práctica común aplazar la acción civil hasta la conclusión del caso penal. Esto significa que los sobrevivientes no pueden buscar ayuda cuando que más la necesitan.
El gobierno y la Asamblea Nacional de Corea del Sur han tomado algunas medidas importantes en los últimos años para reformar la ley y brindar servicios a las personas que experimentan delitos sexuales digitales, en gran parte en respuesta a las protestas masivas de activistas en 2018. Pero estas medidas aún son inadecuadas, en parte porque no han podido lidiar con formas profundas de inequidad de género que alimentan y normalizan los delitos sexuales digitales. En el ranking Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial de 2021, Corea del Sur ocupó el primer lugar.
Coordinadora del Metoo University