En noviembre de este año, la tormenta Eta y el huracán Iota fueron noticia por la devastadora fuerza con la que azotaron la zona de Centroamérica y el Caribe, con especial intensidad en Nicaragua, Honduras y Guatemala, países donde produjeron muertes y daños profundos a sus infraestructuras. El paso de ambos se dio en menos de quince días y obligó a más de 350.000 personas a refugiarse en diferentes albergues, entre ellas hay al menos 50.000 menores.
Aunque estos hechos en sí mismos son difíciles, lamentablemente hoy se denuncia que una vez más son las mujeres, y especialmente las niñas y adolescentes, quienes ven sus derechos más vulnerados en estas situaciones de crisis. En particular, un artículo de BBC Mundo da voz a una joven que relata las condiciones que se dan en los centros de acogida. En sus palabras, se refleja una dura realidad que se repite en los tres países.
Las autoridades reconocen la existencia de estas situaciones, De hecho, las denuncias de abusos provocaron que, por ejemplo, Honduras realizara intervenciones policialesen los albergues. Entre los hechos denunciados, se encuentra la falta de privacidad, puesto que las menores están siempre “vigiladas” y con hombres mayores que “les dicen cosas”. El acoso por parte de los adultos les genera especial inseguridad y miedo a la vez que este acoso permanente les impide actividades tan necesarias como una buena higiene, debido a que nos las dejan tranquilas en ningún momento. A esto se debe sumar la imposibilidad de acceder a productos de higiene femenina, lo que complica aún más su estancia en estos lugares.
Lolis Salas, directora de la Dirección de Niñez y Familia del gobierno hondureño (DINAF), detalló a BBC Mundo que hay más de 6.400 menores bajo resguardo para evitar que sufran agresiones sexuales. “Hemos trasladado a profesionales en psicología y otros expertos para precautelar a los niños y niñas”, indicó.
Por su parte, Amalia Alarcón, directora de proyectos regionales de Plan Internacional, añade que las denuncias surgidas desde los albergues centroamericanos provocaron que la entidad encienda sus alertas. “Por los testimonios recogidos, reconocemos la utilidad de los albergues para gente que perdió sus cosas, pero las niñas relatan que no hay intimidad ni privacidad”. Y añade que los casos que se conocieron en los tres países son menos de los que se estiman porque buena parte de ellos no se denuncian. Algo que sucede con frecuencia en los hechos de violencia contra la mujer. “Mucho queda en la impunidad. Entonces las niñas no lo denuncian por miedo a repercusiones para ellas”.
Es imprescindible que todas las personas que se vean en situación de ser refugiadas tengan derecho a acceder a una vida digna y segura, como lo recomendó CEAR el pasado 20 de junio con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas cuando publicó un informe en el que destacan 18 medidas para la mejora de la protección de las personas refugiadas, dirigidas a las autoridades españolas, así como los avances obtenidos por las familias rohingyas que están refugiadas en Bangladesh y que, después de tres años, tendrán acceso a internet para poder educar a sus hijos e hijas. Aún más, es imprescindible que ninguna situación sea excusa para que se replique la vulneración de los derechos de las mujeres, para que ninguna mujer, niña o adolescente deba sumar al trauma de tener que solicitar refugio, el sufrimiento de situaciones de abuso.
