El pasado 19 de diciembre se publicó la situación vulnerable que estaban viviendo la niña y el niño de una madre a la cual se había aplicado en su caso la ocurrencia del SAP.

La niña que había explicado en varias ocasiones que no quería ver a su padre por los presuntos abusos sexuales cometidos, estaba siendo desoída por los profesionales que en principio debían estar al cargo de protegerla y, en lugar de hacerlo, habían emitido informes que favorecían al presunto agresor, en lugar de asegurar la seguridad de la niña. Y aún peor, poniendo en riesgo la custodia de la niña y del niño de su madre.

Por esta causa, ya se presentó una querella a la magistrada, que no quiso escuchar la voluntad de la niña, ni tampoco los informes psicológicos que indicaban la evidencia de los abusos sexuales cometidos.  En aquella rueda de prensa ya se anunció que el próximo paso sería querellarse con las personas profesionales funcionarias de la DGAI, EAIA y Servicios Sociales que habían aplicado un síndrome para justificar su informe, el SAP, que está rechazado por la comunidad científica internacional, y que el mismo Consejo General del Poder Judicial Superior ha prohibido, así como también está prohibido por el pacto estatal de la violencia de género.

Su caso es el mismo que ayer publicamos, y hay muchos más en Cataluña según las informaciones recibidas por las fuentes consultadas, así como la evidencia de que esta situación es conocida por responsables de instituciones que pueden actuar para corregirla, puesto que, como decía la relatora especial de la ONU, el estado español y las Comunidades Autónomas tienen la obligación de proteger a las niñas y niños y no dejarlas en situación de vulnerabilidad, como se está haciendo en estos casos. No se puede ser cómplice como institución, no con el dinero público donde la ciudadanía confiamos en que las y los profesionales actuarán con evidencias científicas y en protección de los derechos humanos y de la infancia, no al contrario.

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