El pasado 26 de julio el juzgado número 6 de Fuenlabrada entregaba, a pesar de las pruebas y del relato de la propia menor, a una niña de 5 años a su padre, denunciado por abusos sexuales hacia ella. La niña había sido previamente diagnosticada con un supuesto síndrome de alienación parental (SAP) por parte de los servicios psicosociales del juzgado en 2017, a raíz de una primera denuncia por abusos sexuales interpuesta por su madre. Esta sentencia, que reconoce y valida este supuesto síndrome, se une a muchas otras que han proliferado en España desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Sin embargo, desde su aparición en Estados Unidos de la mano del Dr. Richard Gardner en los años 80, este supuesto síndrome ha sido fuertemente cuestionado y contestado, especialmente desde el suicidio del adolescente Nathan Grieco en 1997 “diagnosticado” de SAP. Este hecho desencadenaría que el supuesto síndrome fuese visibilizado, fuese declarado como acientífico y prohibido en la mayoría de estados de ese país. Desde entonces la comunidad científica, organizaciones internacionales, organismos judiciales, de defensa de derechos humanos y el movimiento feminista han ido desmontando la inexistencia de este supuesto síndrome a la vez que advertían sobre las graves consecuencias de su aplicación.
Así, y tal y como subraya la American Psychological Association, el SAP no cuenta con investigaciones científicas que lo avalen y sus escalas de validación no han sido contrastadas ni medidas empíricamente. De hecho ningún estudio ha apoyado nunca las afirmaciones de Gardner. De igual forma, ninguno de los dos grandes sistemas de clasificación de los desórdenes médicos y psicológicos aceptados por la comunidad científica (DSM IV y V y CIE-10) reconoce e incluye el SAP como síndrome. Su aplicación supone una invisibilización del maltrato y abuso sexual infantil y una negación de los avances en materia de psicología evolutiva con respecto a la capacidad de razonar de forma independiente por parte de los niños y las niñas , ya que los síntomas que se utilizan para diagnosticarlo obvian que pueden responder a otras causas, como la existencia de incesto o malos tratos, o ser reacciones temporales propias del desarrollo evolutivo del niño o de la niña en el momento de la separación de sus padres. Igualmente, el SAP adolece de una clara discriminación de género. Gardner llega a sostener que en el 85-90% de los casos la alineadora es la madre, basando sus teorías en afirmaciones sexistas sobre la “maldad” y la “histeria” de las mujeres.
En España, el Consejo General del Poder Judicial afirma en que “el SAP es una teoría abiertamente pedófila carente de base científica que está provocando situaciones de riesgo para los niños, además de una involución en los derechos humanos de los y las más débiles“. A pesar de ello, el SAP sigue diagnosticándose por numerosos equipos psicosociales y aplicándose en numerosas sentencias en nuestro país, que no dudan en poner en práctica la “terapia de la amenaza”, como en el caso de la sentencia del pasado 26 de julio del Juzgado de Fuenlabrada.
En este sentido resulta urgente que las evidencias científicas puedan ser incorporadas completamente a todos los ámbitos del sistema judicial y de protección de derechos para que los niños y niñas puedan ser escuchados y escuchadas y protegidos y protegidas frente a posibles situaciones de vulnerabilidad y violencia, permitiéndoles superarlas y transformarlas.
