María, una niña de siete años, y su madre están siendo vulneradas por las instituciones que ignoran y no ponen medidas al terrible error que una juez cometió al no tener en cuenta los informes que indicaban indicios de abuso sexual por parte de su progenitor, y que actualmente a causa de su fatídica sentencia obliga a mantener a la niña con su presunto agresor sexual  y solo puede ver a su madre unas horas a la semana, y este ni siquiera le deja mantener conversaciones telefónicas con su madre según narran las fuentes consultadas.  Asimismo, faltó a la visita del sábado 28 de diciembre, fue una visita incumplida y no ha obtenido ninguna consecuencia de la justicia, cuando lo normal es que sí la haya. ¿Qué hay detrás de estos actos? ¿Dejadez de funciones? ¿Permisividad ante un presunto agresor?

El caso de María llegó a manos de la ONU  y se valoraron los datos que se les facilitaron. Dubravka Simonovic, relatora especial sobre la violencia hacia la mujer de la ONU, ya escribió al estado español el 19 de octubre del 2019 una carta diciendo:

Quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la Sra [ ] y su hija e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repita”

¿Dónde está la respuesta de las instituciones? ¿Cómo se puede ignorar este caso?  ¿A qué se debe que una juez ignore las evidencias aportadas por los informes periciales del sistema uruguayo donde se constataba la violencia doméstica ejercida por el progenitor hacia la madre y la alta probabilidad de abuso hacia la hija?

¿Por qué, en lugar de prevalecer el derecho de la niña a estar segura y con quien ella decida, se pone por encima el derecho del presunto agresor? ¿Cómo las instituciones siguen permitiendo que se aplique el síndrome de alienación parental cuando está prohibido por el Consejo General del Poder Judicial Superior y rechazado por la comunidad científica? Las instituciones responsables, si no responden ante este hecho lo más rápido posible, se convierten en cómplices del sufrimiento que la niña y su madre están padeciendo desde que fueron obligadas a separarse, y lo peor, también de que la niña sea obligada a vivir con su presunto agresor.

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