Las acusaciones anónimas y su difusión mediática están reabriendo un debate fundamental sobre la protección de las víctimas y las garantías democráticas. Garazi López de Aguileta, doctora por la Universidad de Wisconsin–Madison, reflexiona en este artículo de opinión sobre los riesgos que estas prácticas pueden generar para quienes denuncian violencia.
Aunque el anonimato era ya una realidad milenios antes, fue la Inquisición la primera que institucionalizó sistemáticamente el uso de denuncias anónimas dentro de un procedimiento judicial. Montesquieu escribió en El espíritu de las leyes: “… sean testigos los inquisidores del Estado y la boca del león en la que todo delator puede arrojar a cualquier hora sus acusaciones escritas”. Juan Antonio Llorente fue Secretario de la Inquisición y luego escribió que las denuncias anónimas “permitían a los enemigos personales disfrazar su resentimiento de celo por la fe, y convertían a la Inquisición en un instrumento de venganza privada”.
Somos muchísimas las víctimas que denunciamos ante las instituciones que la democracia ha ido construyendo. No destruiremos lo que se ha construido gracias, en gran parte, a lo que hemos hecho las feministas, y particularmente a las que hemos denunciado y a quienes nos han apoyado. Por eso, la mayoría de las víctimas reales denunciamos ante las comisiones de igualdad, la policía, la fiscalía o los juzgados. Por supuesto, antes buscamos apoyo en nuestros entornos cercanos, pero con la confidencialidad que establecen las leyes, para que se respeten nuestros derechos y también los derechos de defensa de las personas a las que acusamos. Las leyes de los países democráticos también prevén la necesaria confidencialidad de nuestros nombres cuando así lo pedimos y lo consideramos necesario para protegernos del linchamiento en las redes sociales y en la prensa.
Hay “periodistas” que se lanzan a publicar el caso incluso antes de llegar a la justicia, provocando así que inevitablemente se identifiquen los nombres de las víctimas sin su permiso. Incluso recientemente, hay “periodistas” que publican acusaciones anónimas que hacen quienes presuntamente agredieron a las víctimas, lo que provoca una nueva revictimización y una dinámica de violencia de género aisladora contra quienes apoyan a dichas víctimas.
Hay una minoría de abogados y abogadas que, en contraste con la inmensa mayoría que ejerce esa profesión con rigor y respeto a las garantías jurídicas, promueven estrategias que hacen que determinadas informaciones lleguen primero a la prensa. Se trata de información que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe mantenerse en confidencialidad para proteger los derechos de todas las partes implicadas. También hay una minoría todavía más pequeña de abogadas y abogados que incita a las presuntas personas agresoras a presentar acusaciones anónimas contra sus presuntas víctimas. La mayoría de las víctimas denunciamos y denunciaremos ante las instancias que las feministas estamos logrando que existan en los sistemas democráticos. No vamos ni iremos a la prensa ni a las redes antes de presentar nuestras denuncias formales en esas instancias. Las acusaciones desde el anonimato que, por ignorancia o machismo, algunas personas defienden como que fuera una conquista progresista, es una conquista inquisitorial que nos revictimiza a todas las víctimas, incluso a las que se equivocan yendo a la prensa antes de presentar denuncias formales.
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PhD de la Universidad de Wisconsin-Madison