La reciente aprobación en Ghana de la denominada Human Sexual Rights and Family Values Bill ha generado una fuerte preocupación entre organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil. La presentación de la ley manifestaba su objetivo de preservar los valores de la familia y como regular la sexualidad en el país.
Mujeres ghanesas de diferentes colectivos y organizaciones civiles e internacionales se han pronunciado indicando cómo dicha ley supone una criminalización del colectivo LGBTQ+, no solo a las personas que libremente desean expresar su orientación sexual, sino también a las personas que apoyan sus derechos, por tanto, generando un clima propicio a la violencia aisladora. La ley obliga a denunciar tanto si conoces a alguien con alguna orientación LGBTQ+ o a personas que apoyan sus derechos, y se prevén incluso penas de tres años de cárcel,
Tras la aprobación de la ley, muchas personas activistas han decidido borrar contenido en redes sociales por el pánico de lo que supone que cualquiera pueda denunciarte y poder llevarte a la cárcel. Tal y como recoge The Guardian, el miedo a las represalias es el motivo principal de retirarse del espacio público de internet y ello debilita la calidad de la esfera pública.
Violencia aisladora hacia quienes apoyan
Criminalizar la solidaridad, es decir, a las personas que apoyan, sean o no LGBTQ+ simplemente por estar de acuerdo con la libertad de poder elegir cada cual la opción de orientación sexual y su derecho a expresarse libremente, es un gran retroceso democrático.
La equivocación es pensar que dicho retroceso solo les afectará a las personas del propio colectivo, pero incluso a quienes han aprobado la ley, o han apoyado su creación, también les afectará. Estudios realizados por autores como Sen, demuestra como el avance democrático beneficia a toda la sociedad pero en cambio el retroceso acaba perjudicando a todas las personas, y en este caso incluso aquellas que hoy consideran un triunfo el haber logrado esta ley retrógrada, La violencia aisladora se produce cuando se ataca o sanciona a quienes apoyan a personas que sufren discriminación o violencia, con el único objetivo de aislarlas y privarlas de redes de solidaridad.
Pero, además, la investigación científica ha demostrado que el deterioro democrático y la discriminación institucionalizada pueden tener importantes consecuencias para la salud pública. En el caso de leyes que criminalizan a determinados colectivos, como la recientemente aprobada en Ghana, las personas directamente afectadas pueden experimentar niveles más altos de estrés crónico, ansiedad, depresión y aislamiento social, además de una reducción de sus redes de apoyo y una mayor exposición a situaciones de violencia física, verbal o digital. La literatura científica sobre minority stress ha documentado ampliamente cómo la discriminación social e institucional repercute negativamente en la salud mental y física.
En el caso de Ghana, la preocupación radica en que la ley puede generar miedo entre quienes deseen ayudar o defender a personas LGBTQ+. Cuando una legislación castiga o amenaza a quienes ofrecen apoyo, las consecuencias pueden ser el silencio, el aislamiento y la reducción de la protección social de las personas afectadas. Desde esta perspectiva, la ley no solo impacta en un colectivo concreto, sino que debilita la capacidad de toda la sociedad para actuar frente a situaciones de discriminación.
Las personas de Ghana afectadas por esta ley saben que no están solas. Hay diversas organizaciones internacionales que han manifestado públicamente su preocupación por las consecuencias que esta ley tendrá. Por ejemplo, Human Rights Watch ya ha advertido que va a aumentar la discriminación y el riesgo de sufrir violencia, y por otro lado, el Centre for Human Rights, University of Pretoria, ha señalado que la ley afecta no solo a las personas LGBTQ+, sino también a quienes ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y defensa de los derechos humanos.
Para numerosas organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, el debate va más allá de la orientación sexual o de la identidad de género. Lo que está en peligro es la democracia, porque si no se puede proteger ni a las minorías ni a quienes las apoyan, significa un gran retroceso democrático, y la historia de la humanidad recoge varias evidencias de que, cuando esto pase, solo habrá consecuencias negativas, nunca positivas.
Por tanto, lo necesario, como se recoge en sus reclamos, es frenar la ley y reconducir la situación antes de que haya que lamentar violencias que sí son evitables.
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