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Una de las prioridades hoy en la agenda pública es solucionar una de las atrocidades injustas existentes en el sistema de protección de los derechos de la infancia. En DF Diario Feminista, hemos recibido en las últimas semanas varios testimonios de madres sobre cómo desde el sistema social y judicial en algunos casos no está prevaleciendo el interés superior del menor recogido en la Declaración de los Derechos de la Infancia, es más, se está colaborando en su desprotección.

La historia de Luna (7 años) y su hermano (4 años), y de Blanca, su madre, es una historia que debe solucionarse jurídica y socialmente, solo requiere de voluntad política, judicial y social y aplicar el sistema legal, las recomendaciones internacionales y las evidencias científicas. Su historia, desgraciadamente, no es la única y ello indica que el sistema está fallando y está permitiendo que hoy haya niñas y niños obligados a ver, o en el peor de los casos convivir, con sus abusadores sexuales, priorizando en este caso el derecho del progenitor, aunque se haya constatado con informes que han sido agresores sexuales de sus propios hijos e hijas.

El pasado diez de diciembre se presentó en rueda de prensa la información de una querella contra la magistrada por delito de prevaricación. En la rueda de prensa estuvo la abogada, la madre denunciante y la representante de la Asociación Stop impunidad al maltrato infantil. Según las fuentes, la magistrada, a pesar de tener en su poder informes que acreditan el estrés postraumático sufrido por Luna, ha hecho caso omiso al sufrimiento de Luna y está actuando a favor del progenitor denunciado por presuntos abusos sexuales. 

Durante la rueda de prensa, Blanca estuvo acompañada por familiares, una de sus tías nos comentó:

“Desde el primer momento hemos apoyado a Blanca, en los juicios y en los puntos de encuentro. He visto cómo la niña que no quería ver a su padre, y hemos tenido que agarrarla por la alta ansiedad para que no tirase todos los objetos del PEF y ella misma se hiciera daño, y ella no querer ir al punto de encuentro, la madre verse obligada a llevársela porque, si no, la juez podría denunciarla por no obedecer.  Luna no quiere verlo, se desespera, pero por mandato judicial se la obliga. Luna ha pedido desde los tres años que quiere hablar con la jueza, para que la escuche, y nunca se la ha escuchado. Desde el primer momento no se la ha creído a la niña, desde que salió de San Juan de Dios preguntaba: ¿Por que dicen que miento, si yo no miento? ¿Por qué dicen que mi madre es mala, cuando mi madre es buena?” 

Una niña valiente que ha sido capaz de denunciar lo que le estaba pasando se encuentra con profesionales a su paso que la ignoran, y no la exploran a pesar de afirmar todos los servicios implicados que los dos menores han sido multiexplorados (cuando el pequeño no ha tenido ni una sola exploración judicial), que aplican una ocurrencia, el ya rechazado desde hace décadas acientífico síndrome de alienación parental o lo que ahora algunos profesionales llaman preocupación mórbida, que además está prohibido en el Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Muchas personas lo saben, personas responsables que pueden decir que no a esta barbaridad, que no se está actuando ni desde la ciencia, ni desde la ética, sino que se está colaborando a agravar la revictimización de niñas y niños víctimas de abusos sexuales. 

La niña cuando lo denunció tenía 3 años. “No se puede inventar eso, es imposible”, dice su tía. Y es así, desde las evidencias científicas se constata, y toda persona que trabaja en este ámbito lo sabe, que una niña con tan pocos años no se puede inventar lo que describía en la denuncia que se hizo a su padre, ni con tres años ni con ninguna edad. Desconfiar de las denuncias de las víctimas de agresiones sexuales ya hace tiempo que se ha identificado como un acto de revictimización. ¿Cómo se puede permitir que haya profesionales que mientan a sabiendas?

Luna desde los tres años, ahora tiene siete, siempre ha exigido y pedido ver a la jueza para explicar su testimonio. Nunca se la ha escuchado. En lugar de ello, toda una red de profesionales ha desoído su testimonio, se han aplicado ocurrencias, se han vulnerado sus derechos, se ha favorecido al presunto agresor sexual. Luna sueña con ser jueza para ayudar a aplicar realmente la justicia y a poner a los malos en prisión.

Hoy día nadie obligaría a una mujer maltratada a convivir con su maltratador. ¿Cómo es posible que en algunos casos se obligue a una niña o un niño a verse con la persona que le ha agredido sexualmente?  En ese momento, todas las personas que han participado en que ello sea posible, están participando en perpetuar el abuso sexual, están permitiendo que el presunto agresor siga teniendo acceso a su víctima y dejando sin protección a las criaturas.

Es una urgencia hoy, desde las diferentes redes de profesionales, instituciones sociales, sistema jurídico poner fin al sufrimiento de estas niñas y niños y de sus madres que también son víctimas de un sistema que nos las protege, sino todo lo contrario. A estos profesionales se les debería aplicar sanciones y prohibir trabajar dentro de este ámbito, igual que un cirujano que no sabe operar no entra en la mesa de operaciones.

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