Este pasado miércoles la parlamentaria conservadora Maria Miller acusó al gobierno de Reino Unido de mala gestión de la Ley de Reconocimiento de Género aprobada en el 2004 y pidió una acceso más equitativo a la atención de la salud pública, ante los problemas a los que se enfrentan las personas transgénero. Una acusación que quiso poner en cuestión el enfoque que está llevando el gobierno británico respecto a las cuestiones trans.

Según informan los medios,  Maria Miller, quien también preside el Comité de mujeres e igualdad, denunció que las y los pacientes transgénero no están recibiendo suficientes servicios, exponiendo el caso de que algunos hombres trans no se han podido realizar pruebas de frotis cervical, por ejemplo. Una denuncia que se suma al poco avance respecto a las propuestas de reforma de la actual Ley de Reconocimiento de Género presentadas en 2018 tras la realización de diversas consultas públicas motivadas por las numerosas barreras burocráticas que viene suponiendo su puesta en práctica.

Por su parte, entidades pro derechos humanos como Amnistía Internacional han presentado informes que demuestran que la actual ley permite a (algunas) personas trans cambiar de género legal en los certificados de nacimiento, pero para ello se requieren largas y costosas evaluaciones que consideran barreras innecesarias. Una realidad que obliga a la persona solicitante a elegir entre sus derechos humanos, como el derecho a la salud, o el derecho a una vida privada y el reconocimiento ante la ley.

Ante esta problemática, Miller acusa al gobierno de no estar siguiendo las recomendaciones que ofrecen estudios, como el informe de Stonewall LGBT in Britain. Trans Report, presentado en 2018, que identifica las necesidades más urgentes a las que el colectivo trans se enfrenta. Según este informe, dos de cada cinco personas trans afirmaban haber tratado con personal médico que no había entendido sus necesidades. También se indica que que dos de cada cinco personas trans tuvieron que lidiar con un crimen o incidente de odio en los últimos 12 meses. Una situación inaceptable agravada por ataques cada vez más frecuentes en los medios y en las redes sociales por parte de una minoría.

Ante estas críticas el gobierno respondió con una clara intención de abordar estas cuestiones lo antes posible ya que considera que todas las personas del país deben sentirse seguras, apoyadas y felices de vivir sus vidas, y esto incluye obtener el apoyo y el tratamiento adecuados del sistema público de sanidad cuando lo necesiten, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Sabemos que un mundo justo para todas las personas es un mundo mejor para todas y todos. Y que además existe una estrecha dependencia de la felicidad de cada individuo con la felicidad de todas y todos.

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