Artículo de opinión, invitada Elisabeth Torras
Uno de los pilares de las democracias en las que las feministas hemos conquistado derechos, como la libertad sexual y la condena del acoso, son la separación de poderes y el rigor periodístico. Sin embargo, hoy asistimos a la emergencia de una mala praxis profesional , por suerte, por solo una minoría de periodistas que usan el poder mediático, que no han sido elegidos democráticamente, pero que, en cambio, pretenden decidir quién es víctima y quién agresor, distorsionando la verdad y perjudicando gravemente a quienes denuncian.
La cobertura reciente sobre el caso CREA y Ramón Flecha ejemplifica esta dinámica: algunos medios han dedicado espacio a relatos sensacionalistas sobre la supuesta vida emocional y afectiva de las personas implicadas, enfatizando detalles íntimos y relaciones personales que parecen más sacados de un reality show que de un análisis periodístico riguroso. En lugar de centrarse en las investigaciones institucionales, en los protocolos de la universidad o en la evidencia, se prioriza el morbo y la especulación, creando “escándalos” que buscan influir en un proceso abierto sin respetar la justicia ni la presunción de inocencia.
Todo esto recuerda a la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas: un personaje que no necesita pruebas y actúa como juez y verdugo al mismo tiempo. “¡Que le corten la cabeza!”, decía. Así funcionan quienes ejercen mala praxis periodística con actuaciones que ya identificaba Umberto Eco como la máquina del fango: deciden qué versión de los hechos es “la correcta”, dictan condenas mediáticas antes de que la investigación termine y buscan influir constantemente en procesos abiertos, sin esperar la justicia. Para dichas personas, ya tienen la razón, y toda la evidencia, los testimonios y las garantías de las víctimas deben ajustarse a su narrativa. Este poder arbitrario e impune sustituye la información en el espectáculo, revictimiza a las personas afectadas y desplaza el debate público del rigor y la ética hacia el morbo y la confrontación.
Mientras tanto, las víctimas reales enfrentan un doble daño: la violencia de las presuntas agresoras y la difusión mediática que las revictimiza. Se construyen narrativas en las que las presuntas agresoras aparecen como víctimas, y las mujeres que denuncian con nombre y apellido, como supuestas manipuladoras o protagonistas de historias de “dependencia emocional”, con el único fin de captar audiencias. Este enfoque refuerza la oposición al feminismo, debilita movimientos como #MeToo y normaliza la impunidad.
Así, los medios que optan por relatos sensacionalistas no solo traicionan la ética periodística tan necesaria de aplicar hoy en día; también reproducen dinámicas de poder que invisibilizan la investigación seria y el conocimiento científico sobre violencia de género. De este modo se contribuye a un clima de desinformación y confusión social, mientras se banaliza un tema que debería abordarse con rigor y sensibilidad.
Pero a medio y largo plazo, la verdad prevalece. Las víctimas, sobrevivientes y profesionales comprometidas crean redes internacionales de apoyo, documentación y difusión responsable que contrastan con el ruido mediático. La credibilidad de los medios que apuestan por el espectáculo se erosiona, las y los periodistas que practican un periodismo profesional y ético siguen siendo fundamentales para proteger a las personas afectadas y fortalecer los derechos de todas.
Denunciar y analizar críticamente estas prácticas mediáticas es un acto feminista: visibiliza la manipulación de la información, protege a las víctimas y reafirma que la verdad y el rigor siempre se imponen sobre el morbo y la especulación, incluso cuando alguien asume el rol de la Reina de Corazones creyendo que ya tiene la razón y por ello puede dictar sentencias a su antojo.
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