No bajar la cabeza

El presente artículo recoge el testimonio, la reflexión y el análisis en primera persona de Ane Olabarría, investigadora que comparte su análisis sobre su experiencia en distintos procesos de selección del profesorado.  A través de su vivencia tras decidir emprender la defensa de sus derechos,  la reflexión se enfoca en la importancia de  garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades, la aplicación de los principios de mérito y capacidad en el acceso a la carrera académica y no en presiones fruto de abusos de poder.

Hace un año decidí no presentarme a una plaza de profesorado para la que había sido admitida. El examen estaba previsto para julio de 2025, justo cuando se produjo toda la situación que muchas personas conocen. Después de haberme presentado a varios concursos y de vivir experiencias profundamente desalentadoras, llegué a pensar que no merecía la pena seguir intentándolo, al menos en aquel momento.

Hasta la fecha, me he presentado a varias plazas. En una de ellas, durante la evaluación, se hizo referencia a mi edad tras comprobar mi fecha de nacimiento en el DNI. Recuerdo perfectamente cómo se me trasladó la idea de que era «muy joven» y que la universidad era «una maratón larga». Aquello me hizo reflexionar: la edad nunca debería convertirse en un criterio de valoración. Lo relevante debería ser el mérito, la capacidad y el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

En otras dos plazas, pese a ser la única candidata, no alcancé la puntuación mínima exigida. Ser la única aspirante no da derecho a obtener una plaza, por supuesto, pero sí hace inevitable preguntarse si la evaluación se está realizando con el máximo rigor y objetividad.

En otro concurso concurríamos dos candidatas para dos plazas. Al revisar posteriormente el expediente comprobé que a la otra aspirante se le habían asignado 32,42 puntos en un apartado cuya puntuación máxima era de 20. Mientras tanto, yo obtuve 34,51 puntos finales y quedé fuera por tan solo 0,49 puntos al no alcanzar el mínimo de 35. Errores como ese refuerzan la importancia de que los procesos de selección sean especialmente rigurosos y transparentes. A día de hoy ese documento sigue siendo público y jamás se rectificó.

En otro procedimiento solicité el desglose de la valoración de mis méritos. Encontré aspectos que, sinceramente, no fui capaz de comprender: parte de mi experiencia docente fue considerada no afín para una plaza del mismo ámbito de conocimiento, y muchas puntuaciones no parecían corresponderse con los criterios publicados para la baremación de la plaza.

Este año decidí volver a presentarme a varias plazas. En dos de ellas fui admitida en las listas provisionales, pero excluida en las definitivas tras un informe desfavorable. Solicité el informe y cuando lo recibí sentí una mezcla de incredulidad e impotencia. En mi opinión, contenía afirmaciones muy graves sobre mi persona y, además, la exclusión no se fundamentaba en mi capacidad docente ni investigadora, que son precisamente los aspectos cuya valoración exige la normativa.

En lugar de resignarme, decidí ejercer mis derechos. Lo hice gracias al apoyo de mi familia, de mis amistades y al asesoramiento de un abogado que me está acompañando durante este proceso.

Anteayer recibí la resolución: la universidad ha estimado mi reclamación y vuelvo a estar admitida al concurso.

No sé cuál será el resultado final. En una de las plazas soy la única candidata admitida y, como cualquier otra persona, tendré que obtener la puntuación mínima exigida. Lo único que espero es que la evaluación se realice con objetividad, conforme a la normativa y con una motivación suficiente. Confío en que así sea. Pero, si considero que no se han respetado las garantías del procedimiento, volveré a ejercer los recursos administrativos y, en su caso, judiciales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de cualquier ciudadano.

Esta experiencia también me ha hecho reflexionar sobre la universidad que queremos construir.

Durante décadas, la universidad ha sido una institución profundamente jerárquica. Gracias al trabajo de muchas personas valientes, hoy existen cada vez más garantías para que el acceso y la promoción se basen en el mérito y la capacidad. Ese avance ha sido enorme y merece ser reconocido. Sin embargo, todavía quedan inercias que debemos seguir superando.

A veces parece que se espera que quienes empezamos nuestra carrera académica aceptemos determinadas decisiones sin cuestionarlas, que asumamos que «esto siempre ha funcionado así» o que es mejor “no meterse en líos” como en alguna ocasión me han dicho, dentro del ámbito universitario. Yo no comparto esa idea. Defender nuestros derechos no es un acto de confrontación. Es confiar en las instituciones y en que los mecanismos de revisión existen precisamente para corregir posibles errores y garantizar que las decisiones se ajusten a la legalidad.

También me ha sorprendido otra cuestión. Con frecuencia escuchamos discursos sobre la importancia de apoyar a las mujeres jóvenes, de impulsar el talento femenino y de construir una universidad más igualitaria. Sin embargo, cuando una joven investigadora atraviesa dificultades reales y decide defender sus derechos, ese apoyo no siempre aparece. En ocasiones, en lugar de escuchar un «adelante», un «ánimo», un “tienes mi apoyo” o un «preséntate», lo que recibe son preguntas como: «¿estás segura?», «¿crees que merece la pena presentarte?», «¿vas a estar a gusto trabajando ahí?», «piénsatelo bien», o incluso, «igual es mejor que no te presentes».

Creo que apoyar a las mujeres jóvenes también significa animarlas a competir en igualdad de condiciones y respetar su decisión de defender sus derechos cuando consideran que una actuación no se ajusta a la normativa. Porque el feminismo, la igualdad y la democracia no solo se defienden con discursos; también se demuestran cuando llega el momento de actuar.

Seguiré preparándome, investigando, dando clase y trabajando con la misma ilusión que el primer día. Y, si alguna vez considero que una decisión no se ajusta a la normativa, volveré a defender mis derechos por las vías legalmente establecidas.

Creo que la universidad que merece la pena es aquella en la que ninguna persona renuncia a una oportunidad por miedo, en la que las reglas se aplican a todo el mundo por igual y en la que el mérito, la capacidad y la legalidad prevalecen sobre cualquier otra consideración.

Pase lo que pase en este concurso, hay algo que ya nadie puede quitarme: haber decidido no bajar la cabeza.