En un nuevo informe presentado durante la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) denuncia que los sistemas de justicia penal en todo el mundo siguen aplicando con frecuencia un modelo diseñado para hombres, sin tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas privadas de libertad. El documento titulado “Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: preventing and responding to all forms of violence against women and girls in criminal justice detention” denuncia sistemáticas violaciones de derechos humanos en entornos carcelarios femininos.
El informe destaca varios patrones alarmantes: el uso desproporcionado de la prisión preventiva para mujeres, condiciones indignas de detención, atención médica insuficiente (incluyendo salud sexual y reproductiva), falta de productos esenciales para la higiene menstrual y obstáculos para plantear denuncias cuando son víctimas de violencia en las cárceles. También subraya que muchas mujeres cumplen condenas por delitos menores o asociados al consumo de drogas, a menudo vinculados con situaciones de pobreza, violencia de género o normas discriminatorias.
Según la ONU, desde el año 2000 se ha observado un aumento marcado de la población femenina encarcelada, en gran medida impulsado por políticas punitivas relacionadas con drogas. En los centros penitenciarios, las mujeres enfrentan riesgos particulares de violencia sexual —por parte del personal o de otras reclusas—, aislamiento abusivo, registros corporales invasivos y otras formas de maltrato diferenciadas por género. En un evento paralelo celebrado el 1 de julio en Ginebra con título “From Silence to Safety”, se subrayó la urgencia de transformar la justicia penal hacia modelos sensibles al género.
Para abordar estas fallas estructurales, el informe recomienda a los Estados: reformar leyes que criminalizan desproporcionadamente a mujeres, promover medidas no privativas de libertad (como sanciones alternativas), asegurar el acceso a servicios médicos integrales dentro de las prisiones, establecer mecanismos independientes de supervisión, garantizar asistencia jurídica gratuita y capacitar al personal del sistema penal en perspectiva de género.
La evidencia académica respalda algunos de estos hallazgos. Un estudio sobre violencia institucional carcelaria documenta cómo en contextos penitenciarios existe un “fracaso sistémico para proteger a las mujeres de la violencia custodial”. Estas dinámicas refuerzan la necesidad de reformas urgentes más allá de meras declaraciones.
Este informe de la ONU representa una alerta crítica: mientras las mujeres permanecen en condiciones invisibles dentro del sistema penal, los compromisos internacionales de igualdad y derechos humanos quedan en entredicho. La publicación marca un punto de inflexión que exige una respuesta concertada por parte de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, para transformar la cárcel en un espacio donde los derechos de mujeres sean plenamente garantizados.
👀 Visitas: 28
