El número de personas que denunciaron agresiones sexuales en Australia alcanzó en 2024 su nivel más alto en más de dos décadas, con 40.087 casos registrados, según datos de la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) según ABC news. La cifra representa un aumento del 10 % respecto al año anterior y sitúa la tasa nacional en 147 víctimas por cada 100.000 habitantes, el nivel más elevado desde que comenzaron los registros en 1993.

El reporte señala además que dos de cada cinco víctimas tenían entre 10 y 17 años, mientras que el 81 % eran mujeres. La mayoría de los casos ocurrieron en domicilios privados y en situaciones sin uso de armas.

Las comunidades indígenas también figuran de manera alarmante en las estadísticas: solo en tres estados se registraron 2.911 víctimas aborígenes y de las Islas del Estrecho de Torres, la mayoría menores de edad y en contextos de violencia doméstica, de acuerdo con la ABS. Para organizaciones de apoyo como Full Stop Australia,  los datos son perturbadores aunque reflejan la valentía de las víctimas a denunciar a pesar de tener que enfrentar a procesos inadecuados y daniños propios de la revictimización.

En línea con esta advertencia, Naciones Unidas ha señalado que la violencia sexual constituye una crisis global de derechos humanos y ha instado a los gobiernos a invertir en prevención y apoyo integral a las víctimas.  El problema no se limita a Australia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha sido sometida en algún momento de su vida a violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o de otra persona.

UNICEF ha advertido que más de 370 millones de mujeres y niñas en el mundo fueron víctimas de violación o agresión sexual durante la infancia, lo que equivale a una de cada ocho, y la cifra aumenta a una de cada cinco cuando se incluyen formas de violencia no física como la exposición o el acoso.

Estos datos internacionales muestran que, si bien las cifras australianas son alarmantes y requieren acción inmediata, no son un caso aislado: reflejan una realidad global persistente de violencia sexual que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, con muchos casos que no se denuncian.

Para combatir este problema se necesitan políticas que combinen prevención, justicia efectiva, apoyo a víctimas, mayor conciencia social y mejora en la recolección de datos. El desafío para Australia será transformar la contundencia de estas cifras en medidas efectivas que garanticen justicia y reparación, además de fomentar una cultura de prevención basado en las evidencias cientificas de impacto social que contribuya a reducir drásticamente la violencia sexual en el futuro.

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