El Parlamento de Cataluña ha retomado el trámite de la «Proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente al sinhogarismo y erradicarlo» con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios: Socialistas y Units per Avançar, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Popular de Cataluña, Comuns y la Candidatura d’Unitat Popular – Defensem la Terra. La iniciativa, impulsada por las entidades sociales Comunitat de Sant’Egidio, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels Fundació, Càritas Catalunya y Assís Centre d’Acollida, junto con el catedrático honorario de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antoni Milian i Massana, busca garantizar derechos y servicios básicos para las personas sin hogar, convirtiéndose en una propuesta pionera en Europa si se aprueba.
Este proyecto establece la creación de espacios residenciales dignos como prestación garantizada en la cartera de servicios sociales, el empadronamiento obligatorio independientemente de la situación habitacional y la prohibición de sancionar la mendicidad, salvo que implique violencia o forme parte de redes criminales. También obliga a realizar censos poblacionales para dimensionar el fenómeno y refuerza los equipos de intervención social.
Desde una perspectiva de género, la ley debería también atender la vulnerabilidad específica de las mujeres en situación de sinhogarismo, especialmente aquellas que han sufrido violencia sexual en las calles, puesto como se visibilizó en las jornadas de Invisibles la situación de las mujeres es más grave incluso por su vulnerabilidad como mujeres. Se prevé una atención especializada y la ampliación de recursos como refugios para mujeres. No obstante, aún se requieren medidas concretas para garantizar protección y seguridad efectivas para este colectivo.
La cifra de personas sin hogar en Cataluña supera las 24.000, y el proyecto de ley aspira a ofrecer una respuesta estructural e integral para revertir esta situación. Las entidades sociales instan a una aprobación rápida para evitar desalojos sin alternativas, como los sucedidos recientemente en el aeropuerto del Prat, y garantizar un marco legal de protección para las personas más vulnerables de la sociedad.
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