El Word Bank Group ha publicado un análisis en el que muestra indicadores sobre el estado de la protección de los derechos de las mujeres con diversidad funcional, a nivel mundial, en la vida familiar, en el trabajo y la protección frente a la violencia de género y también, ejemplos de prácticas que están generando mejoras en estos tres pilares básicos de la vida.
Uno de los textos que el análisis toma como referente es la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (CRPD) como ejemplo positivo de la participación de las personas con diversidad funcional y cómo se incluyeron sus voces en el proceso de elaboración del tratado a través de las organizaciones de personas con diversidad funcional
El CRPD busca garantías de igualdad y no discriminación en el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones para las personas con diversidad funcional, para ello se quieren garantías jurídicas para los derechos y responsabilidades parentales de las personas con diversidad funcional. Se muestran datos: de las 190 economías estudiadas, sólo 27 (el 14%) reconocen y protegen legalmente los derechos de las mujeres con diversidad funcional.
Otra de las claves es la necesidad de incluir a las mujeres con diversidad funcional en el mundo laboral, ya que en todo el mundo, dichas mujeres tienen más probabilidad de quedar excluidas de la población activa. Las leyes y políticas pueden y deben promover la inclusión de las personas con diversidad funcional en los mercados laborales, ya que hay muy pocas economías que lo recojan. Menos del 3% de las economías a nivel mundial promueven su inclusión en el mercado laboral.
En tercer lugar, el informe recoge cómo las mujeres con diversidad funcional sufren violencia de género y acoso en mayor medida que las mujeres sin diversidad funcional (Grupo del Banco Mundial, 2019) Es clave la protección de las mismas. Sólo alrededor de una cuarta parte de las economías protegen el derecho a una vida libre de violencia y acoso para las mujeres con diversidad funcional.
Datos que ponen de relieve la imperiosa necesidad de realizar reformas jurídicas y políticas encaminadas a garantizar y proteger los derechos de las mujeres con diversidad funcional.
El informe pone en valor las buenas prácticas jurídicas que, aunque escasas, sientan las bases para llevar a cabo reformas que tengan en cuenta el género y la diversidad funcional.
En este sentido sabemos que incluir las evidencias científicas en el diseño de las políticas y reformas legales es clave de cara a garantizar la protección de las mujeres con diversidad funcional y así mismo la superación de la violencia de género para todas las personas, sin excepción.
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