Según ha trascendido en varios medios de comunicación, Marruecos y España están trabajando conjuntamente en la elaboración de un protocolo para la reagrupación familiar de los niños, niñas y adolescentes marroquíes que se encuentran solos en Ceuta. Sin embargo, diferentes organizaciones y entidades como Save the Children, Amnistía Internacional, UNICEF y movimientos como el de Mujeres Juezas han levantado la voz en pro de los derechos de la infancia para cuestionar, denunciar y solicitar la paralización de forma inmediata de esta “repatriación colectiva” por ser ilegal y vulnerar los derechos fundamentales de las y los menores.
Se hace necesario garantizar que el retorno sea seguro y para ello, según Save the Children, las autoridades deben realizar una evaluación del interés superior de cada niña y cada niño para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y su bienestar. Según la ONG, en ningún caso podría hacerse de forma colectiva ni realizarse en contra de la propia voluntad de la niña, niño o adolescente.
Según los datos recabados por Save the Children a finales de junio y principios de julio, aproximadamente una cuarta parte de los niños y las niñas migrantes a los que entrevistó en Ceuta había sufrido violencia física, abusos o malos tratos en su país de origen y uno de cada seis declaró padecer tortura o trato degradante antes de llegar a España. Unicef ha denunciado, asimismo, que entre los menores devueltos hay niñas vendidas como trabajadoras domésticas, otras a las que iban a obligar a casarse y niños perseguidos por su condición sexual.
Por ello, garantizar una vuelta segura protegiendo por encima de cualquier interés, los derechos de las y los menores a no sufrir ningún tipo de violencia, a la salud y a la educación, deben de ser el centro de las políticas. El Defensor del Pueblo también ha pedido al Ministerio del Interior el cese de las devoluciones de menores a Marruecos que ha iniciado este viernes desde Ceuta y ha abierto actuaciones de oficio ante las numerosas quejas que han presentado diversas ONG por falta de garantías legales.
Como recoge la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “todo niño tiene derecho a la salud, la educación, la protección”. Además, las sociedades deben participar en ampliar las oportunidades de desarrollo durante la vida de los niños. Dejar de proteger a la infancia, además de violar sus derechos, pone en peligro su desarrollo y su futuro y perpetúa las desigualdades que socavan la estabilidad de las sociedades e incluso la seguridad de las naciones.
