El pasado mes de mayo salía a la luz pública un Informe Jurídico sobre la situación de las temporeras en los campos de fresa de Huelva, elaborado por una comisión de observación formada por un grupo de juristas, periodistas y realizadoras feministas. 

El documento es resultado del estudio de la documentación procedente del informe elaborado por el relator de la ONU, las denuncias interpuestas por diferentes personas y organismos ante la jurisdicción laboral y penal y ante la Inspección de Trabajo, las respuestas de tales instituciones a la situación y la recopilación llevada a cabo por el grupo de trabajo de los testimonios directos de las trabajadoras, representantes sindicales del sector y periodistas locales. 

El Informe analiza y pretende aportar pruebas del estado y la situación en la que se encuentran las trabajadoras en los campos de la fresa de Huelva, situar el grado de inclumplimiento de la normativa, internacional e interna, que garantiza el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la no discriminación por razón de sexo, para, en última instancia, lanzar una serie de propuestas de mejora. En este marco jurídico entran también las medidas de carácter sociosanitario, sobre todo en lo que atañe a la situación y condiciones de los alojamientos, el acceso a suministros y protección frente a las amenazas para la salud, incluida la COVID-19, y también la normativa laboral y de Seguridad Social.

En relación con la violencia de género que sufren las mujeres marroquíes que trabajan como jornaleras y la prevención de situaciones de abuso y acoso sexual, el documento recoge numerosas entrevistas a trabajadoras y trabajadores que sacan a la luz casos en los que relatan haber sido víctimas o testigos de coacciones de todo tipo para concertar citas o encuentros sexuales. Un ejemplo es el de facilitar, a cambio de favores sexuales, mejoras de las condiciones de trabajo, llegando incluso a ver en peligro su conservación en caso de negarse. El informe recoge, testimonios en los que se le ha ofrecido a la víctima, según fuera su necesidad, el empadronamiento o un contrato laboral a cambio de sexo. 

La vulnerabilidad de las trabajadoras, especialmente aquellas que no poseen la documentación en regla es muy preocupante. El informe relata casos de abuso incluso por parte de otras mujeres cuya relación es de poder, tal y como atestigua la carta de un trabajador informando al empresario para que interceda en el caso de una encargada que, entre otros muchos abusos obliga a sus trabajadoras a prostituirse.

Así pues, en base a este examen, la comisión extrae una serie de propuestas con el propósito de contribuir a mejorar la situación de las jornaleras:

  • Llevar a cabo un proceso de selección en origen que garantice los principios de igualdad de trato y no discriminación.
  • Reforzar la Inspección de Trabajo durante la campaña de recolección del fruto rojo en Huelva.
  • Facilitar la denuncia de los abusos de derechos en el marco de la campaña agrícola.
  • Fortalecer mecanismos de tutela y acción colectiva para estas trabajadoras.
  • Establecer mecanismos de prevención y protección frente a situaciones de violencia contra las mujeres. 

Todas las propuestas abordan aspectos en los que la comisión detecta una violación del derecho o insuficiente reacción por parte de los organismos competentes, motivos, todos ellos, por los que apela a todas las autoridades pertinentes para que las desarrollen en base a su grado de competencia a fin de erradicar las vulneraciones que sufren las trabajadoras marroquíes en el contexto de la campaña de recolección del fruto rojo en Huelva. 

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