Hace un par de semanas leíamos en este diario que cada vez más centros sanitarios están promoviendo actuaciones e iniciativas ante posibles casos de violencia de género, a partir de protocolos y buenas prácticas que permitan su detección, asistencia e intervención. 

Hoy sabemos que, desde el Equipo de Atención a la Mujer y Familia (EAMF), de la Consejería de Salud de Andalucía, y en colaboración con el Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda), ya se ha comenzado a trabajar en la formación en atención a la violencia de género. Las sesiones, impartidas por una jueza de primera instancia, Sara Castilla, y un fiscal de violencia de género, David Ocaña, han estado dirigidas a diversidad de profesionales sanitarios, entre ellos, pediatras, personal de enfermería, de obstetricia, de urgencias, así como a trabajadores y trabajadoras sociales. 

Tras el análisis con resultado desfavorable de la situación en cuanto a protocolos y recursos disponibles en sanidad para la actuación ante esta problemática, el EAMF está coordinando la transformación de los sistemas de actuación existentes, en colaboración con la Red Andaluza contra el Maltrato a las Mujeres. De este modo, pretende cubrir, de forma personalizada e integral, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a las personas dependientes de ellas, suponiendo una nueva herramienta especializada en la asistencia a dichas víctimas mediante la información, el acompañamiento o el asesoramiento, en coordinación con el resto de los organismos locales.

En palabras del director del citado hospital, el objetivo de promover estas actuaciones para con estas víctimas es “mejorar considerablemente su calidad de vida, ya que refuerza su derecho a la información, atención sanitaria, protección y seguridad, a partir de una acción pública integral y coordinada desde el sistema sanitario público”, como recoge la noticia publicada en la Consejería de Salud y Familias.

La formación del personal sanitario y la coordinación interdisciplinar para la atención a las víctimas son elementos esenciales que, socialmente, pero especialmente desde los y las profesionales de la salud, se viene reivindicando para avanzar en la erradicación de esta problemática. Atender a los resultados que arrojan las investigaciones y las evidencias científicas en la materia para ejecutar esa formación debería constituirse como la siguiente prioridad sobre la que trabajar y que asegurará actuaciones de calidad y realmente efectivas.

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