La realidad de los chicos y chicas residentes en centros de menores que sufren abusos por parte de educadores es aún un problema silenciado por parte de la ciudadanía y de las instituciones públicas que deben hacer frente a ello.
Recientemente, como publica La Vanguardia, ha salido a la luz la condena a un educador que abusó de una menor, mientras que la Consejería de Igualdad, que debía ocuparse del caso, silenció a la niña durante cuatro meses. Esto pone de manifiesto la ley del silencio que existe aún en estos casos y la necesidad de establecer mecanismos transparentes que antepongan y protejan siempre a las víctimas.
Internacionalmente desde hace años son conocidas las contribuciones científicas y las campañas que realizan el papel de la ciudadanía y las instituciones al actuar como upstanders con el fin de ayudar siempre a las víctimas a superar sus casos de acoso. Más aún cuando se trata de personas menores, con la vulnerabilidad con la que conviven, si se habla de infancia tutelada. El encubrimiento de cualquier tipo de abuso convierte a los encubridores en cómplices de los abusos. Quién sabe lo que pasó la menor en este caso durante los cuatro meses que la mantuvieron en silencio y qué consecuencias puede tener para ella lo vivido.
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Primera víctima en ganar un caso en las universidades españolas. Coordinadora del Metoo University.