En 2019, Australia se convirtió en el segundo país que introdujo legislación destinada específicamente a abordar la esclavitud moderna, después de Reino Unido. El Modern Slavery Act 2018 exige que las empresas con sede u operaciones en Australia, que tienen unos ingresos anuales consolidados de más de 100 millones de dólares australianos (73 millones de dólares), informen anualmente sobre los riesgos de la esclavitud moderna en sus operaciones y cadenas de suministro, y las medidas para hacer frente a esos riesgos. Otras entidades con sede u operaciones en Australia pueden presentar informes voluntariamente.
A partir de esta normativa se ha creado un nuevo grupo llamado Inversionistas en contra de la esclavitud y la trata de personas (IAST por su siglas en inglés), quienes según reporta la Fundación Tomson y Reurters, instaron el jueves a las grandes empresas de Australia a erradicar la esclavitud moderna de sus cadenas de suministro de Asia-Pacífico.
En palabras de su directora Liza McDonald de Aware Super: “Asegurarnos de que actuamos y abordamos los riesgos de la esclavitud moderna en nuestra cartera es algo que nos tomamos muy en serio… Nos involucramos y respondemos a estos temas individualmente; pero para realmente cambiar el panorama y tener un impacto duradero, creemos que un enfoque colaborativo y unificado de los inversionistas puede ser mucho más poderoso”
Por su parte, Louise Davidson, directora ejecutiva del Consejo Australiano de Inversores de Superannuation, otro miembro de IAST agregó: “El compromiso de la IAST con los inversores animará a las empresas a ir más allá del mero cumplimiento de las normas y a abordar los principales riesgos de manera significativa”,
En este compromiso por lograr combatir la esclavitud, un grupo de 24 empresas de inversión, con 5,8 billones de dólares australianos (4,22 billones de dólares) envió cartas a 100 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia, exigiéndoles que asuman su responsabilidad por los abusos laborales que involucran a sus proveedores.
La región de Asia y el Pacífico alberga a más de la mitad de los 40 millones de personas atrapadas en la esclavitud moderna en todo el mundo, y más del 70% de ellas son mujeres y niñas, según la Walk Free Foundation.
Luchar contra esta lacra de la sociedad es una responsabilidad compartida por todas las personas y especialmente por quienes tiene poder económico, social y político. No solo para eliminar las condiciones de esclavitud y tráfico y trata de personas, sino también una responsabilidad con las víctimas. Por apoyarlas a salir de la situación de esclavitud y en conseguir condiciones dignas de vida y posibilidades reales de recuperarse del trauma de ser explotadas.
La plataforma de la sociedad civil en contra de la trata de seres humanos de la unión Europea trabaja con entidades en todos los países de Europa para asegurar que las políticas que se implementan sobre este tema incluyen a las entidades que trabajan directamente con las víctimas y que haya una cooperación real y efectiva para eliminarla.
