En abril del año 2019, Nustrat Jahan Rafi, una joven de 19 años denunció al director de su escuela por acoso sexual. Tras la negativa ante la insistencia de que retirara la denuncia, cuatro hombres, con ayuda de una compañera, la quemaron viva en la azotea del edificio en el que estudiaba y murió unos días más tarde. Tras el terrible suceso, mujeres y hombres se lanzaron a las calles para pedir justicia contra el asesinato de la joven, reclamando “protección para las mujeres y niñas que se atreven a denunciar el acoso y la violencia”. 

Pese a la brutalidad de estos actos, no se trata de un caso aislado de violencia en Bangladesh, al que se suma el acoso de segundo orden que sufren las víctimas de violencia por parte de la sociedad y, más contundentemente, de su propia familia. Todo esto provoca que las víctimas, que siguen sufriendo los actos de violencia casi de forma sistémica, aún más ahora como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19, no denuncien los sucesos por temor a no ser respaldadas por las instituciones y recibir consecuencias aún más devastadoras tras los procesos subyacentes a la denuncia.

En este escenario, y tras tres nuevos y conocidos sucesos de acoso y agresión sexual en el ámbito universitario de la ciudad de Dhaka el pasado enero, la sociedad bangladeshí ya reclamaba un cambio frente a los casos de agresión sexual. No solo se pedía el endurecimiento de la pena de los agresores, que en la mayoría de casos terminaban absueltos, sino también más agilidad en los procesos judiciales y apoyo a las víctimas. 

En esta línea, el informe publicado por Human Rights Watch el mes pasado “I Sleep in My Own Deathbed” Violence against Women and Girls in Bangladesh: Barriers to Legal Recourse and Support, supone, junto a la creciente concienciación y denuncia de este problema, un enorme avance en un momento que resulta crucial en la lucha contra la violencia de género en Bangladesh. 

El informe, consta de 50 entrevistas que documentan los obstáculos que dificultan el cumplimiento del objetivo del Plan Nacional propuesto para el año 2025 de “una sociedad sin violencia para las mujeres y la infancia”. Pues, a pesar de los iportantes avances, las respuestas gubernamentales aun son profundamente insuficientes, acrecentando las barreras para las denuncias de acoso sexual que, sumadas a la falta de apoyo a las víctimas que sí se atreven a denunciar, conforman el escenario ideal para que sea la ley del silencio la que siga imperando por encima de la protección de las mujeres y niñas más vulnerables. 

Algunos datos revelados que denuncia el informe son que el 70% de mujeres en Bangladesh se han enfrentado a alguna forma de abuso por parte de su pareja. Menos del 3% de estas mujeres toma acciones legales y solo el 1% de las denuncias termina en condena. Sólo en los primeros nueve meses del año 2020, al menos 235 mujeres fueron asesinadas por sus maridos o algún miembro de su familia. La mayoría de los profesionales que se encargan de perseguir estos casos, además de carecer de formación, son profundamente corruptos y es muy común que reciban dinero por parte de los acusados para quedar absueltos. Esto, dicen las chicas, “es un secreto a voces”.

En el informe se incluyen impactantes testimonios, como el de Salma, de 24 años, que declara que aunque sus padres pagaban la dote a la familia de su marido, su suegro le pegaba repetidamente pidiéndole más dinero. Los padres de Salma, lejos de protegerla, la apremiaron a aguantar y se negaron a ofrecerle ayuda en la búsqueda de asistencia policial. 

El informe reclama la acción del gobierno para que tome medidas concretas para la creación de casas de acogida accesibles en todo el país, para asegurar el acceso legal a la ayuda y la eliminación de los obstáculos tras la denuncia contra los casos de violencia. Es fundamental tomar medidas efectivas que garanticen la protección de las víctimas. La comunidad científica internacional apunta a la acción y apoyo de los testigos como una medida, Bystander Intervention, que garantiza el éxito. Sin embargo ahora hay más visibilización, más protestas. Las mujeres consideran que se trata de un momento crucial para que el gobierno comience a poner en marcha mecanismos efectivos de persecución de los agresores y protección de las víctimas. 

Como dice el Informe de Human Rights Watch, “El sistema de justicia de Bangladesh está fallando a las mujeres y niñas con consecuencias devastadoras. Los protestantes están en las calles clamando por un cambio. El gobierno debería aprovechar este momento crucial para implementar una verdadera reforma cuyo impacto podría salvar vidas y promover la sociedad equitativa que vislumbra”.

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