La crisis por la Covid-19 está teniendo un impacto a nivel internacional en la salud pero también en lo económico y social afectando de forma más grave a los colectivos más vulnerables. En Ciudad del Cabo se está llevando a cabo una investigación sobre determinados desahucios que vulneran los derechos humanos de la ciudadanía.
La situación de la pandemia ha provocado que muchas personas hayan perdido sus trabajos, lo que ha llevado a los impagos de la vivienda. Motivo por el cual las autoridades municipales están desalojando a familias de las casas más precarias de la ciudad de forma violenta, vulnerando sus derechos. El gobierno de la Ciudad fue criticado en abril después de que se embarcó en desalojos en esta área, a pesar de que las regulaciones de bloqueo para frenar la propagación del coronavirus prohíben explícitamente las órdenes de desalojo.
Organizaciones en defensa de la justicia social como Ndifuna Ukwazi, que ha estado ayudando a las personas desde los primeros desalojos en abril, han llamado la atención a la alcaldía para que rinda cuentas por la “violación abominable de los derechos a la dignidad, privacidad y vivienda.”
Mientras, a pocos kilómetros de distancia, en el municipio vecino de Nyanga East, varios cientos de personas están haciendo colas para una comida gratis, servida por una guardería local y financiada por donaciones. Las mujeres esperan manteniendo las distancias de seguridad en su fila, mientras que las criaturas y personas ancianas hacen colas a ambos lados de las calles. Afirman tener hambre y no tener ni comida ni casa ni dinero. Organizaciones como Médicos sin Fronteras están trabajando para poder paliar los efectos de la pandemia.
Coordinadora del Metoo University