De la mano de la organización  benéfica Maternity Action, una mujer ha perdido el juicio para poner fin a la desigualdad y mejorar la atención médica para las mujeres embarazadas en el Reino Unido. A pesar de las recomendaciones del Instituto Nacional de la Salud de Reino Unido sobre la necesidad de que las mujeres embarazadas de orígenes de etnias minoritarias vayan inmediatamente al hospital debido al riesgo de contraer la pandemia, el gobierno no se plantea asumir la atención médica de personas migrantes, especialmente de las mujeres embarazadas.

La pérdida del juicio supone un duro golpe para cientos de mujeres migrantes empobrecidas que están embarazadas. El año pasado, Maternity Action brindó asesoramiento a 400 de esas mujeres ya que el régimen de cobros para migrantes disuade, retrasa o niega el acceso a la atención médica a mujeres embarazadas, las que dan a luz o las que necesitan tratamiento postnatal. 

Actualmente se encuentran buscando permisos para revisar judicialmente las políticas gubernamentales, pero la jueza, la Sra. Justice Whipple, rechazó el caso. Ros Bragg, directora de Maternity Action, afirma que The Guardian que durante más de 10 años, han estado pidiendo al gobierno que deje de poner en riesgo la salud de las mujeres embarazadas indigentes al cobrarles por la atención esencial del NHS, y que a pesar de la perdida no dejaran de hacer campaña para que las mujeres vulnerables de asistir a la atención de maternidad, no pongan en riesgo sus vidas y la de sus bebés.

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