Según la CNN, el jueves pasado siete soldados colombianos fueron arrestados después de confesar los cargos de abuso sexual a una niña de 12 años del grupo indígena Embera Katío, en el departamento de Risaralda, tal como indicó el fiscal general del país. 

Fue la organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) la que hizo pública la acusación en un comunicado en el que el líder de la comunidad Embera Katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena, argumentando que es su jurisdicción ya que el presunto delito fue contra una persona indígena, en tierras indígenas.. El gobernador expuso que esta agresión brutal no es solo hacia la niña y hacia su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, sino que es una agresión para todo el pueblo embera katío y un acto que defrauda la confianza que pusieron en los militares. El Defensor del Pueblo solicitó este jueves al Ejército y al Ministerio de Defensa que investiguen exhaustivamente las condiciones institucionales que permitieron que ocurriera este hecho. 

La víctima, su familia y el grupo indígena reciben actualmente asistencia legal y psicológica de la Organización de Naciones Indígenas de Colombia (ONIC), según la portavoz Silsa Arias. 

Este tipo de violencia alcanza unas cifras muy elevadas en Colombia. Según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU de 2019, una de cada tres mujeres colombianas dice haber sido víctima de violencia sexual. Más del 40% de las mujeres ecuatorianas y el 58% de las mujeres bolivianas dicen lo mismo. En Colombia la mayoría de esta violencia se perpetúa con menores. Según las cifras de la Fundación Colombiana de Femicidios, 8.532 mujeres y niñas informaron que habían experimentado violencia sexual en los primeros cinco meses de este año, de las que más de 5.800 eran menores de 18 años.

Colombia vive un momento en el que se acaba de aprobar una ley que endurece la pena para los delitos sexuales pero, aún así, no se esperaba que las autoridades, dentro y fuera del mundo militar, reconocieran públicamente las acusaciones. El reconocimiento público es importante para seguir avanzando hacia un posicionamiento claro  y contundente en contra de la violencia sexual y para que las víctimas sientan un apoyo conjunto de toda la ciudadanía. 

Las orientaciones internacionales para frenar todo tipo de violencia indican que el posicionamiento activo de toda la comunidad es una de las claves. En este caso, la comunidad indígena ha dado un ejemplo de ello, dejando claro que lo que hacen a una persona, en este caso a una niña del pueblo, se lo hacen a todos y todas. Esta violencia atroz es un lastre para la humanidad y solo de forma colectiva con valentía, verdad y bondad, lograremos que todas las niñas del mundo puedan vivir su presente con plena libertad para construir su futuro con garantías de éxito en todos los sentidos. 

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