Un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha evidenciado la ineficacia del sistema español de compensación económica para las víctimas de la violencia sexual. Tanto las indemnizaciones establecidas tras el proceso judicial, como las ayudas directas otorgadas por el Estado resultan insuficientes y casi en la mitad de los casos, las solicitudes de las víctimas son rechazadas.

El trabajo se integra en el proyecto europeo Faircom, del que forma parte España (liderada por la UC3M) junto con Grecia, Italia, Letonia y Países Bajos, que estudia las situaciones de las víctimas de delitos sexuales y su compensación en estos países, y aporta un mayor conocimiento para poder diseñar y promover un modelo de compensación justa y adecuada para estas víctimas, en el 80% de los casos una mujer que es objeto de abusos, agresión sexual (violación) y trata con fines de prostitución. 

Una de sus autoras, Helena Soleto, es contundente a la hora de explicar los resultados de su investigación: “el sistema estatal de compensación a las víctimas es un absoluto desastre y que las víctimas de delito sexual reciben indemnizaciones muy pocas veces”, según publica la agencia Sync. Y cuando las reciben, éstas son insuficientes, pues en la mayoría de los casos no superan los 800 euros y sólo pueden ser usadas para pagar tratamientos terapéuticos que les ayuden a superar los traumas.

Existe el sistema y la norma para las reparaciones económicas, y el derecho de las víctimas a recibir estas ayudas, pero el estudio ha demostrado que no se cumplen. En palabras de Soleto, “no basta con que exista una norma que en teoría proteja, sino que lo haga en la práctica”. 

Junto a los estudios de los otros países que forman parte del proyecto europeo, se pretende generar un diagnóstico acerca de los obstáculos legales y organizativos que impiden a las víctimas de violencia sexual reclamar y acceder a estas ayudas, y que sirva para ofrecer un modelo de buenas prácticas a estas mujeres que les ayude a superar estas barreras y poder ejercer sus derechos de una forma eficaz. 

En definitiva, se pretende que exista un sistema de indemnizaciones justo para las víctimas de delito sexual. 

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