El matrimonio forzado es una violación de los derechos humanos que compromete la salud física y mental de las niñas, además de aumentar la desigualdad de género. Si no se invierte la tendencia, 150 millones de niñas se casarán antes de cumplir los 18 años de edad; la mayoría de los matrimonios forzados se dan en Asia meridional y África subsahariana.
Ya hace un par de años que la Corte Suprema de India prohibía la cláusula de excepción que rebajaba de 18 a 15 años la edad del consentimiento sexual en caso de que la chica estuviera casada, determinando que el sexo con una niña o niño siempre es violación. Según informaba www.globalcitizen.org, el tribunal determinó que la cláusula es “discriminatoria, caprichosa y arbitraria” además de “violar la integridad de las niñas”. Fue un avance histórico en el reconocimiento de los derechos para las mujeres en un país como India, donde la prevalencia del matrimonio forzado es del 27% aún en la actualidad. Las chicas, en muchos casos, aún son percibidas como una carga económica, especialmente cuando provienen de zonas pobres rurales y la creencia extendida entre sus padres es que casándolas van a mejorar su seguridad financiera. Otro de los motivos más frecuentes es el tabú que muchas veces gira alrededor de mantener relaciones sexuales antes del matrimonio y que lleva a que muchas familias prefieran casar a sus hijas con su violador, entendiendo que así las protegen de la vergüenza pública, tal y como afirmaba la Agencia de noticias AFP.
Aunque en India la edad de consentimiento sexual es a los 18 años, existía esta “excepción legal” que amparaba a los perpetradores de abusos y violaciones permitiendo a los hombres mantener relaciones sexuales no consentidas con las niñas por el hecho de estar casados, sin ser consideradas como violaciones ni ser ellos penalizados. A partir de ese momento quedó reconocido y tipificado en el código penal como delito.
Si bien el fallo del tribunal supuso un gran paso en materia de protección y amparo de los derechos de las niñas, aún se debe seguir avanzando para que la violación marital sea criminalizada y perseguida. Por desgracia, la reacción del gobierno no acompañó el posicionamiento y la resolución del poder judicial, sino todo lo contrario. Según www.globalcitizen.org, consideró que la abolición de la cláusula es una medida perjudicial para la institución del matrimonio manifestando que puede ser para las mujeres “una herramienta fácil para acosar a los maridos”. A día de hoy no existen evidencias de que esto haya ocurrido.
Como demuestra la investigación, las reacciones negativas y los juicios sociales estereotipados sobre las víctimas de la violencia sexual son una de las consecuencias que se ven obligadas a sufrir además del impacto de la propia experiencia. La tendencia a culpar a la víctima y exculpar al autor, entre otros motivos, hace que prevalezcan respuestas como la del gobierno indio en su creencia de que esta decisión judicial puede fomentar este tipo de comportamientos por parte de las mujeres.
No obstante, y a pesar de este tipo de posturas, la total erradicación de los casos de matrimonio infantil en el mundo es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas y la comunidad internacional está centrando los esfuerzos necesarios en que esto sea una realidad para el futuro de las niñas.
