Las consecuencias de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana española, conocida como la “Ley Mordaza”, llegan también al Consejo Europeo de Derechos Humanos. Recordemos que esta Ley entró en vigor en julio de 2015 y ya recibió críticas por parte de la sociedad por el caso del rapero Valtonyc y por el “retroceso en derechos y libertades”, tal como identificó la portavoz del grupo socialista, Margarita Robles.
En este momento, las críticas a la implementación de esta ley vienen dadas por parte de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, que ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al del Senado, Pío García-Escudero, en la que les ha notificado de forma rotunda y directa una “prohibición explícita” de las devoluciones sumarias y expulsiones de migrantes que llegan a las fronteras de Ceuta y Melilla.
Mijatović destaca que en la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana se rectificó la Ley de Extranjería, donde se legalizó la devolución a Marruecos de aquellas personas inmigrantes que saltan la frontera en Ceuta y Melilla. La Comisaria recalcó que el estado español “no proporciona garantías claras contra las devoluciones y las expulsiones colectivas” y que tampoco se asegura las garantías adecuadas que tienen todas aquellas personas que solicitan asilo “independientemente de la forma en que lleguen a territorio español”.
Esta carta de la Comisaria ha llegado en un momento clave, cuando el gobierno actual liderado por Pedro Sánchez, está valorando reformar la normativa de las devoluciones en caliente aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy. La Comisaria aconseja “encarecidamente” que se proporcione a la Guardia Civil “una orientación clara y obligatoria sobre cómo actuar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos al interceptar a los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla” y que se vele por los derechos de las personas que llegan a España “incluido el derecho a ser identificado, a evaluar las necesidades de protección internacional, acceso a un intérprete, a un abogado y asistencia médica según corresponda; y un recurso efectivo para impugnar cualquier violación de la Convención Europea de Derechos Humanos de la que las personas afectadas podrían alegar ser víctimas”.
En este sentido, Mijatović, aconseja de forma directa que se actúe con una “prohibición explícita” de las devoluciones en caliente y se garanticen los derechos de aquellas personas migrantes que saltan la valla en Ceuta y Melilla.
