El Departamento de Educación de Estados Unidos ha elaborado una nueva propuesta sobre las regulaciones y normativas relativas al acoso y agresión sexual en las universidades. Estas nuevas medidas favorecen a los presuntos acosadores puesto que refuerzan sus derechos. Una propuesta fuertemente criticada por movimientos feministas en la era #MeToo y tras el reciente escándalo de la elección del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh el pasado mes de octubre.

Pese a los fuertes movimientos nacionales contra la violencia sexual en todo el país, la administración pública ha restringido la definición de una inapropiada conducta sexual en los entornos universitarios a “conducta no deseada basada en el sexo que es tan severo, generalizado y objetivamente ofensivo que niega el acceso de una persona al programa o actividad educativa de la escuela”, de acuerdo con la información recogida por la CNN. Esta definición limita y estrecha las conductas concebidas anteriormente por la administración de Obama con una definición más amplia: “conducta no deseada de naturaleza sexual”, lo que representó un alcance histórico en la lucha contra el acoso sexual en la universidad con el desarrollo de medidas específicas para superarlo.

Otros factores en los que la nueva administración pone mayor énfasis son la “presunción de inocencia” durante todo el proceso de investigación y denuncia de los acusados, el interrogatorio que pueden realizar las partes implicadas, la revisión por igual de las pruebas recogidas contra el acusado o el derecho de la parte acusada al contrainterrogatorio. Además, se favorece el mantenimiento o reubicación del estudiante acusado en los programas educativos universitarios, con independencia de si se ha tramitado o no una queja formal. Esto supone unos privilegios para él como cambios en los horarios de clase, reasignación de habitaciones en las residencias universitarias o asesoramiento, entre otras medidas.

Voces de entidades que luchan por la defensa de las víctimas de violencia sexual se han posicionado fuertemente en contra de las nuevas medidas propuestas por la Secretaria del Departamento de Educación, Betsy DeVos [citas traducidas de las originales]:

“La tan esperada reescritura del Secretario DeVos de las regulaciones de cumplimiento del Título IX es peor de lo que pensábamos. Regresará a las escuelas a una época en que la violación, el asalto y el hostigamiento fueron escondidos bajo la alfombra. Estas nuevas reglas traicionan la misma actitud sobre asalto que vimos en los senadores republicanos en las últimas semanas: desacreditar y subestimar a los sobrevivientes y desalentarlos de informar” – Jess Davidson, directora ejecutiva de la organización End Rape on Campus (EROC).

“Los cambios en la norma propuestos para el Título IX presentados hoy por el Departamento de Educación para comentario público demuestran una vez más que la Secretaria DeVos y su equipo carecen de empatía básica por los sobrevivientes y no les importa la seguridad del campus” – Tracey Vitchers, directora ejecutiva de It’s On Us.

Durante sesenta días a partir del pasado viernes las propuestas están sometidas a debate público antes de quedar definitivamente plasmadas, desde Diario Feminista seguiremos informando de las próximas declaraciones.

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