La muerte de Jason Arday y los pronunciamientos de su familia, obligan a analizar la gravedad de disfrazar de búsqueda de la verdad el linchamiento público mediático en según que medios y redes sociales. La Universidad de Cambridge publicó su posicionamiento de apoyo a su familia tras conocer la trágica noticia de su muerte. Su familia había denunciado públicamente una campaña sostenida de abuso y desinformación y ha afirmado que la presión llegó a ser muy dura para él . La policía no ha desvelado todavía las causas de su muerte.
Existe abundante evidencia científica sobre las consecuencias que el acoso persistente, la humillación pública, el cyberbullying y otras formas de violencia interpersonal tienen sobre la salud y el bienestar. Cuando una persona queda convertida durante días o meses en objeto permanente de acusaciones, ridiculización y exposición ante audiencias multitudinarias, el daño potencial deja de ser una cuestión abstracta para tener consecuencias en la salud tangibles. Una democracia necesita información e investigación periodística que nunca tiene que generar como impacto un juicio y un linchamiento mediáticos. Necesita esclarecer irregularidades, contrastar informaciones y exigir responsabilidades a quienes ejercen funciones públicas. Pero investigar no es condenar; informar no es humillar; contrastar hechos no es permitir o propiciar linchamientos.
Los juicios mediáticos reproducen una lógica profundamente antidemocrática y antihumana
Primero se señala públicamente a una persona y después se invita a una multitud a juzgarla, quebrantando así una de las bases indispensables de la democracia como es la separación de poderes, atribuyéndose el poder mediático lo que corresponde a la justicia. El uso de las redes sociales y periodistas que priorizan sus audiencias despreciando la búsqueda de la verdad multiplican todavía más esta dinámica, convirtiendo la acusación en espectáculo y a la audiencia en un tribunal improvisado. Alan Rusbridger, periodista y ex director de The Guardian, en su reciente articulo “Jason Arday fue víctima del peor tipo de linchamiento mediático” afirma que el exprofesor de Cambridge sufrió una campaña mediática implacable en su contra. Según Rusbridger su muerte debería enseñarnos una lección importante sobre la necesidad de mantener el sentido de la proporción y la humanidad más elemental, No se puede permitir más “muerte por mil titulares”.
Es la versión contemporánea de exponer a alguien en la plaza pública mientras alrededor se jalea su caída. Ninguna de estas consideraciones implica negar que las acusaciones contra Arday debieran investigarse, pero en las instancias correspondientes y con las debidas garantías y confidencialidad, no en los medios ni en las redes. Una investigación rigurosa debería buscar la verdad protegiendo al mismo tiempo las garantías, la dignidad y los derechos de todas las personas implicadas. El derecho de la sociedad a conocer unos hechos no exige destruir públicamente a la persona investigada.
El caso obliga también a formular preguntas cómo ¿Qué podía haber hecho la institución para investigar y, simultáneamente, proteger a una persona que podía encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad? ¿Qué responsabilidad corresponde a quienes informan para evitar una exposición reiterada y el grave sufrimiento que provoca? ¿Qué responsabilidad tiene cierto tipo de audiencia cuando deja de buscar información y empieza a participar en la humillación colectiva?
La libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares democráticos precisamente porque permiten investigar al poder y conocer la verdad. No deberían utilizarse como justificación para privar a otras personas de derechos igualmente fundamentales. Tampoco la defensa de la justicia puede convertirse en una licencia para ejercer violencia.
El feminismo conoce bien las consecuencias de los juicios públicos sin garantías. Durante siglos, mujeres señaladas como inmorales, mentirosas, brujas o transgresoras fueron condenadas socialmente antes de que nadie estuviera dispuesto a escuchar sus voces. Por eso el linchamiento público no puede considerarse nunca una práctica feminista, independientemente de quién sea la persona señalada. Sustituir las garantías por la multitud, la evidencia por la sospecha y la justicia por el castigo social es profundamente antifeminista, antihumano y antidemocrático.
Una sociedad democrática puede investigar los hechos sin destruir a las personas. Puede exigir responsabilidades sin humillar. Puede buscar la verdad sin convertir a nadie en espectáculo. Y cuando olvidamos esa diferencia, dejamos de ejercer justicia para empezar a ejercer violencia.
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