Haití (imagen de recurso)// Wikimedia Commons

La violencia contra las mujeres y las niñas en Haití a manos de las bandas armadas que intentan hacerse con el control territorial, ha alcanzado niveles alarmantes. Organismos de Naciones Unidas documentan violencia sexual como violaciones individuales y colectivas, esclavitud sexual, matrimonios forzados y otras formas de violencia de género por parte de estos grupos criminales. Las mujeres y las niñas desplazadas, aquellas que viven en barrios controlados por las pandillas o carecen de redes de apoyo, afrontan un riesgo muy elevado de sufrir este tipo de violencia, mientras que el colapso de los servicios públicos dificulta enormemente el acceso a la atención sanitaria, al apoyo psicológico y a la justicia. Esta realidad hace que la protección de las mujeres y las niñas se haya convertido en una prioridad humanitaria urgente y pone de relieve el papel tan importante que las organizaciones comunitarias llevan a cabo para prevenir la violencia, acompañar a las supervivientes y garantizar la defensa de sus derechos. Se han convertido en una de las principales líneas de protección para las mujeres y las niñas.

Estas entidades han logrado crear y mantener espacios seguros, atención psicosocial, asistencia jurídica, acompañamiento comunitario y derivaciones sanitarias para miles de mujeres y niñas supervivientes de violencia. Lejos de limitarse a la atención de emergencia, las organizaciones lideradas en su mayoría por mujeres están demostrando que la protección más eficaz nace del trabajo arraigado en las comunidades. Su conocimiento del territorio les permite identificar rápidamente a mujeres y niñas en situación de riesgo, acompañarlas para acceder a atención médica tras una agresión sexual, facilitar refugios temporales y reconstruir redes de apoyo y solidaridad que disminuyen el aislamiento y rompen la ley del silencio impuesta por las bandas criminales. Esta respuesta comunitaria resulta especialmente relevante en un país donde el desplazamiento forzado y el colapso de muchos servicios públicos incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia sexual. 

Los organismos internacionales, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, respaldan este modelo y constatan un aumento muy acusado de las agresiones sexuales atendidas por las organizaciones comunitarias que no sólo ofrecen atención inmediata, sino que contribuyen a reducir las consecuencias psicológicas y sociales de la violencia mediante intervenciones integrales centradas en la dignidad, la recuperación y la protección de las supervivientes. Allí donde el Estado encuentra enormes dificultades para garantizar la seguridad, estas organizaciones continúan llegando, salvando vidas y ofreciendo oportunidades de recuperación y transformación a mujeres y niñas.

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