En este artículo de opinión, María Luisa Jaussi reflexiona sobre el impacto que tienen las acusaciones anónimas, los linchamientos mediáticos y determinadas respuestas institucionales en la universidad y en el feminismo democrático.
Desde el inicio de lo que considero un linchamiento mediático, el 2 de julio del 2025, las personas acusadoras anónimas, con el apoyo de la autodenominada y muy minoritaria Asamblea Feminista UB, daban por seguro que el congreso internacional de violencia doméstica previsto dos meses después expulsaría a las acusadas y les entregaría a ellas su organización. A mi juicio, al no alcanzarse este objetivo, consiguieron que el Rector no dejara los locales de la UB y posteriormente promovieron un boicot al que, en mi opinión, se sumaron algunas de las periodistas que habían participado en ese linchamiento mediático. Entre las más activas se encontraba una periodista que había expresado públicamente su admiración por un empresario español condenado en dos ocasiones por delitos relacionados con material de abuso sexual infantil. En cambio, resulta especialmente significativo que, pese a toda esa campaña, de las más de 1300 personas inscritas en el congreso únicamente 15 solicitaron la baja.
En este sentido, recuerdo lo que decía Rosa Valls cuando participó en las primeras jornadas feministas de la democracia en mayo de 1976, que ya dejaron claro que el feminismo era crítico, pero defensor de la democracia de la que formaba parte. Una de sus bases es que el poder de determinar la culpabilidad o la inocencia pertenece a la justicia. Por ello, considero que construir un proceso de culpabilización pública sobre la base de denuncias anónimas no es compatible ni con los principios democráticos ni con el feminismo que los defiende. A mi juicio, ese modo de proceder recuerda como el anonimato, como causa suficiente para iniciar un proceso, fue creado por la Inquisición.
Entre quienes apoyaron públicamente a esas personas que formularon acusaciones de forma anónima destacaron la Asamblea Feminista UB y algunas de las periodistas que, en mi opinión, participaron en el linchamiento mediático. También considero especialmente llamativo que entre quienes respaldaban anónimamente esa campaña en redes sociales figurara una persona contra la que una de las ponentes del congreso presentó una querella penal por abusos sexuales sufridos cuando era menor. Es igualmente un hecho que, durante ese mismo proceso, el Rector nombró responsable de igualdad de la UB a una persona que figura entre las 29 personas que aparecen en la página web de esa Asamblea. En mi opinión, ese nombramiento resulta especialmente significativo en el contexto de los acontecimientos descritos.
Mientras tanto, lejos de quedar secuestrado por esas dinámicas, el feminismo sigue cada vez más fuerte transformando la universidad y la sociedad. Las feministas (y las mujeres en general) que consultan información en medios financiados por poderes públicos o privados cae en picado entre las personas menores de 50 años. Prefieren buscar la información, a través de internet, en los medios digitales y personas que sí actúan contra la violencia, lo que incluye decir la verdad y basarse en evidencias científicas y no en bulos. También considero que lo que califico como linchamientos mediáticos provoca un grave perjuicio tanto a las víctimas como a quienes las apoyan; a su vez perjudican la credibilidad de los medios donde se publican y potencian, como reacción, los movimientos y a las científicas feministas que esos mismos medios atacan.
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