Durante años, la violencia de género y la protección de la infancia han sido abordadas como problemas relacionados pero diferentes. Sin embargo, existe cada vez más evidencia y ahora se suma la reunida por UNICEF Innocenti que muestra que esta separación resulta cada vez más difícil de sostener. La violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños y las niñas no sólo suelen coexistir en un mismo hogar, sino que comparten causas, consecuencias y factores de riesgo. De hecho, aproximadamente uno de cada cuatro menores en el mundo vive con una madre o cuidadora que sufre violencia por parte de su pareja y lejos de ser espectadores ajenos, éstos experimentan daños comparables a los de quienes son víctimas directas y presentan una mayor probabilidad de sufrir también violencia en su propia crianza.
La investigación es muy clara cuando describe el impacto que esta situación tiene sobre el desarrollo infantil. La violencia ejercida contra las madres afecta a la salud física y mental de sus hijos e hijas, se relaciona con peores resultados en el nacimiento y la primera infancia, deteriora el desarrollo social y emocional y aumenta el riesgo de problemas de salud mental. Es por ello que la protección de las mujeres víctimas de violencia de género no puede entenderse únicamente como una cuestión de derechos de las mujeres adultas. Impera la protección de quienes no pueden decidir por sí mismos o mismas qué hacer, se impone la protección infantil. Una mujer puede disponer, pese a enormes obstáculos, de cierta capacidad para tomar decisiones sobre su vida. Un niño o una niña, en cambio, depende completamente del entorno que le rodea. Cuando la violencia se instala en el hogar, quienes tienen menos posibilidades de protegerse son precisamente ellos y ellas. Mantener el foco exclusivamente en la relación de pareja corre el riesgo de invisibilizar que, al mismo tiempo, hay menores creciendo en un contexto que compromete su bienestar, su desarrollo y su futuro.
El informe de UNICEF, Working at the Intersections of Violence Against Children and Violence Against Women, plantea una conclusión difícil de ignorar: cada vez que una institución protege a una mujer frente a la violencia, también está protegiendo a sus hijos e hijas. Y cada vez que una situación de violencia de género se minimiza, se cronifica o se aborda tarde, la infancia queda expuesta a consecuencias que pueden acompañarla durante décadas. Reconocer esta realidad supone desplazar el debate desde la esfera privada hacia una prioridad colectiva: garantizar que ningún niño o niña tenga que crecer en un hogar atravesado por la violencia.
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