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A lo largo de la historia, los regímenes totalitarios han recurrido sistemáticamente al control de las relaciones personales y sociales como una herramienta de dominación. Vigilar con quién se juntan las personas, qué amistades cultivan, en qué organizaciones participan o con quién trabajan era considerado un mecanismo esencial para garantizar la obediencia y evitar cualquier forma de disidencia. La sospecha permanente sobre la vida privada se convertía en un instrumento de represión, pues el aislamiento social debilitaba la capacidad de resistencia y reforzaba el miedo.

Aunque estas prácticas evocan tiempos oscuros, hoy en día todavía encontramos ecos de ellas en espacios que deberían ser de libertad, como la universidad. La coacción para que alguien deje de colaborar con determinadas personas, las presiones para romper vínculos de trabajo o amistad, reproducen lógicas propias de otros tiempos y resultan, además de injustas, profundamente ridículas. Pretender decidir con quién se puede o no trabajar es un atentado contra la autonomía individual y contra el principio básico de la libertad de asociación.

Afortunadamente, nuestras universidades son cada vez más diversas y abiertas. Muchas personas no solo se sorprenden ante estas prácticas, sino que las ridiculizan y se niegan a participar en ese juego de control. La pluralidad de voces y experiencias actúa como antídoto frente a intentos de imponer uniformidad.

No puede olvidarse que estas dinámicas también se entrelazan con el machismo: históricamente se ha pretendido dictar a las mujeres con quién podían relacionarse, y aún hoy se envía a hombres a ejercer ese papel coaccionador. Se trata de una forma de autoritarismo que busca decidir sobre las vidas de otras personas mediante la presión y el acoso. Una estrategia tan absurda como sorprendente, que revela más la fragilidad de quienes la ejercen que la fuerza de sus convicciones.

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