Estos días no dejo de pensar en algo que me remueve: en cómo algunas personas parecen disfrutar del daño que están causando con la campaña de difamación contra Ramón Flecha y el CREA. Y no hablo solo del daño colateral, ni de los efectos no deseados de un conflicto; hablo de un daño intencionado, sostenido y alimentado con cada palabra que ignora deliberadamente la verdad, que silencia a las víctimas que sí fueron escuchadas, y que busca destruir sin diálogo.
La violencia aisladora no consiste únicamente en causar dolor a quien apoya las víctimas; sino también en encontrar placer en hacerlo. Y ese placer se convierte en peligro colectivo cuando se institucionaliza, cuando quienes lo practican logran imponer miedo, crear dogmas cerrados y generar un entorno en el que hablar, cuestionar o defender a alguien se vuelve sospechoso. Ya no se trata de esclarecer hechos, sino de castigar. Y cuando se dirige contra quienes han apoyado a víctimas de abuso sexual y de poder, cuando el castigo social recae precisamente sobre quienes se atrevieron a proteger, entonces no estamos solo ante un conflicto. Estamos ante un intento de linchamiento colectivo.
Esto me preocupa, porque una sociedad que castiga a quien se posiciona frente a abusos es una sociedad que pone en riesgo los pilares mismos de la democracia. La democracia necesita personas valientes, espacios donde se escuche a todas las partes, y un diálogo libre de represalias. Pero cuando se difama desde el anonimato, se censura a quien intenta hablar, y se cierran los espacios de contraste de información, ya no hay debate. Hay inquisición.
No pretendo comparar contextos, pero sí recordar que los regímenes más autoritarios han compartido una característica: no solo perseguían a las víctimas, sino también a quienes las defendían. El placer con el que se ejecutaban esas campañas era parte del horror. La peor violencia aisladora no es solo violencia; es violencia convertida en espectáculo, en castigo ejemplarizante.
Hoy lo veo en quienes repiten sin pruebas, en quienes se niegan a escuchar otras voces, en quienes se sienten triunfantes cada vez que logran que alguien más se calle. Esa lógica nos aleja de cualquier sociedad libre y justa.
Por eso, hablar no es solo un derecho, es un deber democrático. Defender a quienes defienden a las víctimas no es lealtad ciega, es compromiso con la verdad y la justicia. Y apoyar este tipo de ataques no es sororidad, es permitir que quienes disfrutan del daño sigan marcando las reglas. Si queremos una sociedad capaz de proteger a quienes protegen, debemos posicionarnos. Lo contrario sería dejarlo todo en manos de quienes disfrutan destruyendo.
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