En Haití, los grupos criminales han convertido la violencia sexual en una herramienta de poder y dominación, afectando principalmente a mujeres y niñas en un contexto de caos y desamparo. Human Rights Watch alerta que la comunidad internacional debe incrementar urgentemente el apoyo financiero para garantizar protección, atención médica y justicia para las sobrevivientes.
Con más del 80 % de Puerto Príncipe controlado por grupos criminales, niñas y mujeres son violadas sistemáticamente, muchas veces en grupo y a plena luz del día, enfrentando consecuencias devastadoras como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y traumas psicológicos. Las sobrevivientes tienen acceso limitado a servicios esenciales debido al colapso del sistema de salud y a la inseguridad. Según Naciones Unidas, los casos de violencia sexual han aumentado un 1.000 % respecto a 2023, y las cifras reales podrían ser mucho mayores por el subregistro.
Las barreras económicas y la falta de recursos agravan la crisis. Solo un cuarto de las sobrevivientes accede a atención médica dentro de las 72 horas cruciales posteriores al ataque, mientras que el aborto sigue siendo ilegal, obligando a muchas mujeres a arriesgar sus vidas en procedimientos inseguros. Las organizaciones locales e internacionales que brindan apoyo a las víctimas operan con recursos insuficientes, y la reciente suspensión de Médicos Sin Fronteras empeora aún más la situación.
La comunidad internacional debe actuar con urgencia para financiar programas de salud y protección, fortalecer el Estado de derecho y garantizar seguridad básica. Paralelamente, el gobierno de transición debe priorizar la justicia, y la protección a las mujeres, niñas y niños. Sin una respuesta inmediata y coordinada, miles de mujeres y niñas seguirán atrapadas en un ciclo de violencia, pobreza y desamparo.
