Los casos de acoso sexual causan daños enormes en las vidas de las personas que los sufren y de su entorno. Peor es aun cuando este abuso viene por parte de personas de algún modo referenciadas en determinados círculos sociales, ya que se genera en ellas un alo de presunta inocencia y por parte de sus círculos un mito basado en la impunidad y el silencio. Casos como este los hemos visto y los vemos constantemente en las universidades, donde el abuso es justificado mientras que las víctimas son silenciadas.

En el escalón de gravedad tenemos aun más arriba cuando las personas que ejercen acoso sexual son representantes políticos elegidos democráticamente. Son recurrentes en los distintos países los casos de acoso sexual que van saliendo a la luz por parte de representantes políticos. En estos casos si no se aplica un posicionamiento inmediato de rechazo al acosador y de apoyo a las víctimas y a su entorno se transmite un mensaje muy perjudicial a la ciudadanía basado en la impunidad y la protección a los abusadores en detrimento de las víctimas. La responsabilidad pública que tienen los representantes políticos debería ser ejemplar en este sentido con un mensaje claro de protección siempre a las víctimas.

Muy amplia es la literatura científica que apunta a la necesidad de actuar como up-standers en solidaridad y apoyo a las víctimas en cualquier caso de acoso. El mismo mensaje teórico y práctico se debería ejercer desde las instituciones públicas para acabar con esta problemática y especialmente romper con el silencio y la impunidad de la que gozan muchos “referentes”.

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