Las mujeres de la comunidad Inuit llevan luchando durante muchos años para que se reconozca una de las atrocidades que se ha cometido contra ellas, y es la anticoncepción forzada, impuesta a más de cuatro mil mujeres y niñas Inuit entre 1966 y 1991. Lo más grave es que muchas de ellas recibieron dispositivos intrauterinos, inyecciones u otros anticonceptivos sin información ni consentimiento expreso cuando Dinamarca administrativa al sistema santuario y buscaba reducir la natalidad groenlandesa.
Los nuevos informes publicados, de los cuales Reuters recoge su contenido, constatan que hubieron vulneraciones de la vida privada y familiar, la igualdad y la no discriminación, también se identifican tratos degradantes. En este sentido, Pauktuutit Inuit Women of Canada reclama que se protejan la autonomía corporal y el consentimiento informado de las mujeres indígenas. Siumut pide que un tribunal internacional determine si existió genocidio, recordando que el daño alcanzó a familias y comunidades enteras. Así lo explicó previamente en 2024, la psicóloga Naja Lyberth, una de las primeras supervivientes en denunciar públicamente, a Naciones Unidas que el desequilibrio colonial y la autoridad médica hacían prácticamente imposible que una niña pudiera oponerse.
Reparación individual y colectiva
La evidencia científica sitúa el caso en la intersección entre colonialismo, género y discriminación étnica. Un estudio jurídico recuerda que impedir nacimientos dentro de un grupo puede constituir genocidio, aunque debe probarse la intención específica. Y por otro lado, especialistas de Georgetown advierten que las indemnizaciones individuales no reparan por sí solas el daño comunitario.
Lo que se sabe hasta ahora es que Dinamarca ha pedido disculpas y aprobado 300.000 coronas danesas por afectada. Groenlandia creará una comisión de reconciliación. Los próximos pasos incluyen investigar los casos posteriores a 1991, valorar otras políticas y garantizar atención sanitaria, apoyo psicológico, memoria pública, participación inuit y medidas verificables de no repetición.
La reacción de la comunidad Inuit ante esta resolución está en el comunicado de Naja Lyberth y el grupo coordinador de las mujeres afectadas. Las supervivientes se muestran satisfechas porque los actuales gobiernos de Dinamarca y Groenlandia hayan asumido responsabilidad mediante las disculpas y la compensación. Sin embargo, piden que su experiencia no sea utilizada en campañas políticas y advierten de que el debate sobre el genocidio puede resultar profundamente retraumatizante. Su prioridad es que ninguna nueva generación vuelva a sufrir estas prácticas y que el pueblo groenlandés pueda garantizar su continuidad.
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Redacción