El pasado sábado, 19 de junio, se conmemoraba el Día Internacional contra la violencia sexual relacionada con los conflictos. Unas semanas antes se publicaba el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre este tipo de violencia. Éste es el duodécimo reporte anual desde que en 2009 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolviera solicitar al Secretario General informar con mayor sistematicidad sobre las tendencias, nuevas modalidades y los indicadores que orientan la detección temprana de violencia sexual infligida en los conflictos armados.
El Informe de este año, que abarca el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2020, destaca cómo la pandemia por coronavirus ha puesto de relieve la fragilidad de los progresos que tanto han costado, debido a que nos encontramos en un momento en que gran parte de la atención y los recursos se están dirigiendo a hacer frente a la crisis sanitaria y esta situación puede provocar un retroceso o inversión de los compromisos políticos en el desarrollo de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad.
Por otra parte, como ya se ha reflejado en anteriores publicaciones de DF, la COVID-19 dio lugar a nuevas preocupaciones por la protección de las mujeres, vinculadas a factores como la militarización y los cierres de puestos de control y fronteras que limitan la ayuda humanitaria procedente de organizaciones de mujeres, el acoso sexual a las mujeres que forman parte del personal sanitario, las que se hallan en centros de aislamiento y tratamiento o detenidas por el presunto incumplimiento de los toques de queda, y, especialmente, las mujeres y niñas que se encuentran en entornos de personas refugiadas y desplazadas por presentar aún mayor riesgo de violencia sexual, explotación y trata. El Informe es contundente: la violencia sexual relacionada con los conflictos no se produce en el vacío, sino que está ligada a factores de seguridad más amplios, como las penurias económicas, las tensiones sociales o la debilidad institucional, muchos de ellos exacerbados por el estallido de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.
Así mismo, y con el objetivo de seguir transformando, alcanzar las metas establecidas y superar las dificultades añadidas por el momento que vivimos, el documento establece toda una gama de recomendaciones generales, pero también dirigidas concretamente a cada uno de los 18 países de una lista formada por los estados sobre los que Naciones Unidas ha verificado la información y ratificado la violencia sexual relacionada con algún conflicto armado. Entre los consejos que se proporcionan a cada contexto, coinciden reiteradamente tres que son:
- Incluir la voz de las mujeres en los espacios de negociación y diálogo para la paz.
- Diseñar protocolos y planes de acción para la protección de las niñas y las mujeres que contemplen órganos y mecanismos de denuncia que excluyan a los autores de violencia sexual.
- Crear una legislación que ampare a las personas supervivientes de violencia sexual y establezca cauces para el enjuiciamiento y la rendición de cuentas de los criminales.
En este sentido, recordamos que en el marco de acción que ONU ha ido ampliando a través de las diferentes disposiciones, existen iniciativas como Justice Now, sobre las que DF ya ha informado, que siguen trabajando en base a las evidencias científicas, aportando soluciones eficaces y esperanza en el camino a la erradicación de esta lacra.
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