El pasado 6 de noviembre, el Gobierno escocés anunciaba la entrada en vigor de la Ley de Igualdad de Protección contra las agresiones en la infancia. Esta ley, aprobada en 2019 por la cámara escocesa, tiene entre sus objetivos poner fin al consentimiento y respaldo del conocido “castigo razonable”, es decir, el castigo físico infligido a personas menores por parte de sus padres, madres o cualquier otra persona que cuide o esté a cargo de las mismas.

Esto no significa que anteriormente a la aprobación de esta ley existiese una legislación en la que se contemplase explícitamente la defensa del uso del “castigo razonable”, sino que se trataba de un derecho consuetudinario, en base al cual, socialmente se daba por sentado y se toleraba en cierta medida que esto podía ser justificable en determinadas circunstancias como medida punitiva y, por tanto, se hiciera uso de la misma, y del uso o costumbre, fuente de derecho.

Sin embargo, a partir de ahora en Escocia, una persona acusada de agresión a un niño o una niña ya no tendrá derecho a reclamar que el uso de la violencia es algo argumentable sobre la base de que se trata de un castigo administrado en ejercicio de una patria potestad o un derecho derivado de tener cuidado o estar a cargo de alguien menor de 16 años. Consecuentemente, esto dará a la infancia en Escocia la misma protección que a las personas adultas frente a las agresiones. 

Se podría decir, tal y como afirma un Informe encargado por la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia la Infancia y el Comisionado de la infancia y la juventud de Escocia, que la legislación en Reino Unido, hasta la actualidad, permitía parcialmente esta forma de violencia hacia las personas menores. La legislación escocesa lleva años dando pasos en esta dirección, hasta haber logrado que la mencionada Ley de protección sea una realidad. Por ejemplo, la Ley de justicia penal escocesa de 2003 añadía limitaciones y cláusulas al derecho consuetudinario de la “agresión justificable” prohibiendo explícitamente golpearles con algún objeto, golpearles en la cabeza o sacudirles, y añadiendo con carácter de estatuto de principios los factores que un tribunal debía tener en cuenta cuando a la hora de considerar si una agresión ejercida a una persona menor en ejercicio de la patria potestad era o no justificable. 

La actual ministra de la Infancia y la Juventud, Maree Todd declaraba: 

Estoy muy contenta de que Escocia se haya convertido en la primera parte del Reino Unido en legislar para garantizar que los niños y las niñas, sin excepción, tengan la misma protección contra las agresiones que los adultos. Esta defensa obsoleta no tiene cabida en una Escocia moderna. Nunca puede ser razonable golpear a un niño o niña. La eliminación de esta defensa reafirma que queremos que este país sea el mejor lugar del mundo para que las niñas y los niños crezcan y se sientan amados, seguros, respetados y puedan realizar todo su potencial. […] continuaremos promoviendo la paternidad positiva y aprovecharemos el apoyo que ya ofrecemos a los niños y niñas y sus familias.

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