Luego de varios años de proceso judicial, un ex cura ha sido condenado a 30 años de cárcel, se le ha inhabilitado para trabajar con menores, ya sea de manera voluntaria o pagada. y tiene una orden de alejamiento de las víctimas.

Este caso de abuso a menores en el seno de la Iglesia Católica española es importante, tanto por la justicia que han encontrado las víctimas y sus familias, como por la contundencia con que las autoridades religiosas han gestionado el caso. 

Los protocolos que se siguieron al conocerse las sospechas de lo que ocurría y la condena por parte de la iglesia local y del Vaticano, se han realizado siguiendo el llamado del Papa Francisco a “generar una sociedad donde la cultura del abuso no encuentre espacio para perpetuarse”. 

Es por esto que, en cuanto los casos salieron a la luz, se inició un proceso canónico al mismo tiempo que se puso la información a manos de la justicia civil. De hecho, ante la negación del entonces sacerdote a cumplir la pena que el derecho canónico le impuso de cinco años de reclusión en un monasterio, con ayuda psicológica, el Papa Francisco firmó la expulsión del acusado de la iglesia, siendo el primer caso en el que se expulsa a un sacerdote por pederastia antes de ser condenado por la justicia civil.

Estas acciones marcan una gran diferencia con respecto a cómo se manejaba este tipo de delitos en el pasado, donde las víctimas eran revictimizadas e ignoradas por la Iglesia, que tendía a defender a los religiosos acosadores, manteniendo el silencio y cuestionado a las víctimas e incluso haciéndolas responsables del abuso recibido.

Dentro de la transformación y reforma que se está haciendo en la Iglesia, no con poca reticencia por parte de quienes creen que exponer y juzgar a los curas acosadores es un acto de deslealtad, hoy es posible conocer informes de países como Alemania, Australia, Estados Unidos y Chile que miden el impacto que la ley del silencio ha tenido en las víctimas, en la Iglesia y en la sociedad en general. 

Dentro de los informes se visibiliza el daño que han sufrido las víctimas, quienes, además de los daños propios del abuso sexual, sufren un daño moral respecto del abuso de poder y otro no menos terrible que es el daño a la fe de las personas, el derecho a creer en su religión y su Dios, que en los casos de los menores víctimas de pederastas religiosos es un daño muy profundo.

Aunque el daño causado a las víctimas no se puede deshacer, es importante que cada vez sean más las organizaciones como la Iglesia Católica analicen la situación con una mirada crítica de los hechos que se han cometido dentro de su institución, que se pida perdón públicamente y que esto vaya acompañado de protocolos y normativas claras para que no se vuelva a repetir. Para que cada persona se posicione y las personas supervivientes sepan sin dudas que la sociedad condena a los acosadores y no a ellas.

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