La crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 está abriendo interrogantes de actuación y brechas sociales, especialmente en los colectivos que ya se encontraban en situaciones vulnerables como son las personas migrantes y sus familias.
Muchas mujeres que siguen residiendo en sus países de origen y viven de las ganancias de sus maridos migrados se encuentran ahora en mayor situación de riesgo, ya que han dejado de recibir el dinero exterior, con lo cual tienen que hacerse cargo de la crisis y de sus familiares con mayor precariedad económica.
Por otro lado, el desempleo de las últimas semanas ha marcado una brecha económica en las personas que subsistían con un sueldo y que ahora se encuentran sin contratos de trabajo ni prestaciones sociales que puedan ayudarles. En este sentido, muchas mujeres migrantes que se dedican a tareas de cuidados han visto afectados sus puestos de trabajo y, consecuentemente, las posibilidades de ayudar a sus familiares que residen en sus países de origen. Además, aunque se puedan mandar las ayudas, en muchos países las mujeres no pueden acceder a sus sedes bancarias para recoger el dinero por cuestión de confinamiento.
Según las Naciones Unidas, unos 800 millones de personas se benefician de los fondos enviados a sus hogares por sus familiares. La cantidad de dinero que fluye de los países desarrollados a los países en desarrollo ha aumentado enormemente en las últimas décadas, llegando a $ 554 mil millones en 2019, tres veces el presupuesto combinado global de ayuda exterior.
Las remesas exteriores representan un salvavidas para muchas familias de todo el mundo y son cruciales para reducir la pobreza. El Banco Mundial pronostica que disminuirán en un 20% debido al impacto del coronavirus, hasta $ 445 mil millones en 2020, una disminución sin precedentes en la historia.
La Covid-19 plantea retos a escala mundial que van más allá de lo sanitario y que ponen en riesgo especialmente a los colectivos más desfavorecidos, entre ellos las mujeres y las familias migrantes o de familias migrantes, con lo cual se precisan soluciones efectivas internacionales que puedan poner freno a las desigualdades económicas y sociales en estado de emergencia.
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Primera víctima en ganar un caso en las universidades españolas. Coordinadora del Metoo University.