Aprobada en 2025, la Ley Modelo Interamericana entra ahora en una nueva etapa orientada a trasladar sus principios a las legislaciones nacionales y a la actuación de las plataformas digitales.
La respuesta frente a la violencia digital contra las mujeres está avanzando desde el reconocimiento del problema hasta su implementación jurídica y práctica. El 25 de septiembre, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunió a representantes de los Estados, empresas tecnológicas, sociedad civil y organismos internacionales para avanzar en la aplicación regional de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género. El comunicado oficial de la OEA recoge los principales avances presentados durante este encuentro.
El alcance puede ser considerable. La Convención de Belém do Pará, cuya implementación supervisa MESECVI, articula una extensa red de Estados de América Latina y el Caribe —entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— junto con diversos Estados caribeños y, desde su ratificación en junio de 2026, Canadá. Pero el cambio más significativo radica en cómo se concibe la prevención. Ante una agresión digital, la respuesta no puede limitarse a recomendarle a una mujer que bloquee al agresor, cierre su cuenta o abandone un espacio digital. La Ley Modelo articula la actuación en torno a cuatro dimensiones: prevenir, investigar, sancionar y reparar, y distribuye las responsabilidades entre distintos actores. Precisamente por ello, el encuentro de septiembre incorporó a representantes de empresas como Meta, Google y TikTok. MESECVI presentó avances de una Guía Práctica para Intermediarios de Internet, actualmente en elaboración, destinada a traducir los estándares de la Ley Modelo en recomendaciones para las políticas, procedimientos y operaciones de las plataformas.
Este desarrollo converge con la estrategia internacional de ONU Mujeres para prevenir y eliminar la violencia facilitada por la tecnología, que reclama combinar legislación, prevención, mejores datos, transformación de los ecosistemas digitales y respuestas centradas en las supervivientes. La evidencia científica refuerza esa necesidad. Un metaanálisis internacional publicado en Trauma, Violence, & Abuse, basado en 17 estudios y 28.220 mujeres de 32 países, estimó una prevalencia global de violencia sexual facilitada por tecnología del 30,6%, aunque con diferencias importantes entre estudios y contextos. Asimismo, una revisión sistemática publicada en BMC Public Health encontró asociaciones con depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras consecuencias sobre la salud y el bienestar.
Este avance institucional tampoco puede entenderse sin la sociedad civil. Supervivientes, organizaciones feministas y defensoras de derechos digitales han contribuido durante años a hacer visible que las agresiones cometidas mediante tecnologías no son una violencia “menos real” por producirse en espacios digitales. ONU Mujeres reconoce precisamente el papel de los movimientos feministas y de las organizaciones de derechos de las mujeres en el impulso de respuestas legislativas frente a estas violencias.
El impacto de esta ley deberá analizarse en el siguiente paso: si los Estados y las plataformas consiguen convertir sus principios en prevención efectiva, protección, justicia y reparación para las mujeres.
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Redacción